El Grupo Popular en el Senado ha respondido a la petición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) para que retire de la reforma laboral la posibilidad de hacer expedientes de regulación de empleo (ERES) en la Administración por causas económicas, argumentando que el sector público "es una empresa más". En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los 'populares' en la Comisión de Empleo del Senado, José Blas Fernández, ha señalado que así se lo han transmitido a la representación del sindicato durante la reunión mantenida este miércoles, en la víspera de que mañana se cierre el plazo de enmiendas a la reforma laboral.

La Administración pública cuesta al año 10.224 euros por habitante en España, un 1,5% menos que en 2010, según se desprende del estudio 'El Gasto en Administración Pública 2012', que analiza la evolución del gasto aportado a lo público en España, Europa y en las principales economías, elaborado por el Strategic Research Center de EAE Business School. El informe estima que en 2016, el gasto público será de 12.230 euros por habitante, un incremento del 19,6% respecto a 2011. Por su parte, el gasto público español representa el 43,6% del PIB y se prevé que este porcentaje se reduzca un 5,7% en 2016.

El tono general no es malo, pero en la evaluación de Bruselas sobre las iniciativas tomadas por España para combatir la crisis hay un golpe tras otro a las medidas más relevantes aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus cinco meses de Gobierno. El examen de los mercados no es mucho mejor: Rajoy fue investido con la prima de riesgo alta (en torno a 311 puntos), pero la deuda se acerca peligrosamente a territorio comanche, a zona de intervención; van ya varias semanas por encima de 500 y subiendo. Bruselas deja una pista sobre el por qué: la reforma financiera "no ha garantizado la estabilidad del sistema bancario".