Informe a las Cortes Generales, sobre el efecto del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, y del resto de normativa aplicable sobre el cobro de indemnizaciones, pensiones y remuneraciones percibidas por los administradores y directivos de las entidades de crédito inmersas en algún proceso de reestructuración o resolución.

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