En esencia, y con nuestro marco legal, una renta vitalicia se construye tomando como base un activo de los indicados por la normativa que regula el sector del seguro en España. Resumiendo muy mucho, se monta adquiriendo un activo de renta fija de una determinada calidad (vamos, generalizando, deuda pública), que es la que proporcionará los rendimientos a los asegurados y las ganancias a la entidad comercializadora.
Es decir, una renta vitalicia es un vehículo ideal para transmitir renta fija pública a los inversores particulares
El art. 3 del texto aprobado modifica el 50 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que determina los bienes y derechos aptos para la inversión de las provisiones técnicas, vamos, resumiendo, en qué pueden invertir los seguros ( y los planes de pensiones privados), incorporando un nuevo tipo de activo que consiste en favorecer la financiación de los buques, atrayendo capital privado mediante Agrupaciones de Interés Económico. Todo el mundo queda contento: los inversores sacan una golosa rentabilidad financiera, pero fundamentalmente fiscal, ahorrándose un buen pico de impuestos, los armadores consiguen financiación más barata y accesible, y los astilleros carga de trabajo. Todo a costa del contribuyente medio.
Se convoca junta general con el objetivo de ampliar el consejo directivo y aprobar nuevos estatutos sociales.
El Gobierno regional obligará a trabajar sin contrato una jornada de trabajo a 300 desempleados, mientras consumen su prestación por desempleo y solo cotizando por accidente de trabajo y enfermedad profesional a la seguridad social.
? En números redondos, las cifras frías dicen que el sector ha cerrado una de cada cuatro oficinas y que el tamaño ha vuelto a los niveles de la década de los ochenta.
? El proceso sigue abierto, aunque el ritmo de cierres será -previsiblemente- mucho más pausado a partir de ahora. Y ha afectado a todas las entidades.
? ¿Terminó el largo ajuste del sector financiero?
? El despido en banca se abarata un 37% el año de la reforma laboral
Se les atribuyen presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La multa más alta que las autoridades de consumo españolas han impuesto en la historia por un frauderepresenta el equivalente a los ingresos que obtenía la empresa en un par de días.
