Según ha manifestado el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se prevé que los planes de reestructuración de las entidades con déficit de capital sean aprobados por Bruselas a finales de noviembre y que el proceso culmine a mediados de 2013, como estaba previsto. A cambio de los fondos europeos, los bancos tendrán que acatar prohibiciones en las operaciones de fusión y otras "obligaciones de conducta".
Almunia ha indicado que la Comisión Europea dará el visto bueno a las hojas de ruta presentadas por las nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia antes de que finalice noviembre.
Una vez que Bruselas autorice sus programas de viabilidad, procederá a inyectar las ayudas a los bancos. "En ese momento, el FEEF (el fondo europeo de rescate temporal) transferirá los fondos necesarios al FROB, que traspasará a a las entidades el capital necesario", explica el comisario de de Competencia en un discurso pronunciado hoy en Barcelona.
Estas cuatro entidades, que forman parte del denominado Grupo 1', presentan unas necesidades de capital de 46.206 millones de euros, equivalente al 86% del total estimado por la consultora Oliver Wyman el pasado mes de septiembre.
Almunia recuerda que tanto el Banco de España como las autoridades comunitarias llevan desde julio estudiando los planes presentados por estos bancos, que están a punto de ser aprobados. En cuanto a los bancos que forman parte del 'Grupo 2', como Banco Mare Nostrum, Liberbank o Caja3, indica que ya han elaborado sus programas y calcula que se conocerá si son válidos o si deben ser modificados antes de que acabe el año. "Entonces, como en el caso del 'Grupo 1', las entidades recibirán el dinero", señala el vicepresidente de la Comisión.
¿Habrá alguna exigencia para los bancos? Almunia ha explicado que para evitar distorsiones de competencia, el 'sí' a la reestructuración y a la inyección de fondos públicos incluirá una serie de "obligaciones de conducta" tales como la prohibición de la adquisición.
Además de las cuatro intervenidas por el Estado, Almunia agregó que espera que Banco Popular presente su plan de viabilidad antes de final de mes. La entidad aspira a suplir sus necesidades de capital, que de acuerdo con Oliver Wyman ascienden a 3.223 millones de euros, sin tener que recurrir al Gobierno para evitar limitaciones como las anteriormente mencionadas. Por eso, ha puesto en marcha una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, entre otras iniciativas.
De acuerdo con Almunia, cuando todas las entidades reciban el visto bueno a sus saneamientos comenzarán a trasladar los activos tóxicos al banco malo, denominado Sareb, que estará operativo en diciembre.
Sobre este nuevo mecanismo, el comisario apunta a la necesidad de reducir el impacto sobre el contribuyente y añade que sus beneficios dependerán del precio que se asigne a los activos. "Cuanto más bajo, más alta será la probabilidad de obtener rentabilidad en la venta del activo", asegura.
