El acuerdo entre trabajadores y empresa tiene una condición: si el Tribunal Supremo acaba dando la razón a Tragsa en su recurso contra la Sentencia de la Audiencia Nacional, la empresa acabará ejecutando los 726 despidos anulados hace ya casi dos meses y los 650 de la filial a los que ha renunciado hoy, por el momento.
La empresa pública Tragsa planteó en septiembre del año un doble despido colectivo en la firma matriz y en la filial tecnológica Tragsatec. El proceso de negociación acabó en noviembre sin acuerdo. El comité de empresa acabó recurriendo ante los tribunales la decisión de la Audiencia Nacional que en el caso de la matriz acabó dándole la razón. Ese fallo -en el que entre otras cosas se asumía que Tragsa y Tragsatec forman un grupo de empresas de carácter laboral- hacía improbable una decisión distinta del tribunal en el caso de la filial, de ahí que la Abogacía del Estado (Tragsa y Tragsatec forma parte de la SEPI) haya ofrecido el pacto.
A pesar de los traspiés judiciales, la empresa no renuncia a reducir los costes laborales. Apuntan fuentes sindicales que en una reunión mantenida con la empresa el pasado 8 de mayo, la dirección les advirtió de que no renuncian a sus planes, aunque no concretó más.
