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El informe elaborado por los servicios jurídicos de CCOO avala que la responsabilidad, en lo que se refiere a la aplicación de la directiva Mifid II, es de las entidades dado que, dicha normativa no modifica lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores y el Código Civil, que es donde se establecen en nuestra legislación las responsabilidades de las trabajadoras y los trabajadores en el ejercicio de sus funciones profesionales.

Ayer 16 de julio de 2018 hemos firmado el convenio colectivo de comercio del pescado fresco y congelado de Barcelona para los años 2018, 2019 y 2020.

Por desgracia, como en anteriores ERTES/ERES, vemos como las secciones sindicales de CSIF y SITCA asumen sin complejos las pretensiones de la Dirección de la empresa. Es más, en menos de 48 horas presentan un plan a la Dirección con el fin de extinguir 105 contratos de trabajos, cuyas indemnizaciones se pagarían en cómodos plazos (para la Dirección) de 700 euros al mes. Tras el fracaso del plan de adhesiones voluntarias, la Dirección realiza una nueva propuesta de 45 despidos, 24 suspensiones de contrato y 38 reducciones de jornada y salarios de un 70%. En un movimiento incomprensible, desde el punto de vista de unos representantes de los trabajadores, las otras secciones sindicales proponen que se eliminen las reducciones de jornada y salario, dado que siguen implicando un gasto para la empresa que no se compensa por el trabajo que se puede realizar en un 30% de la jornada. Así, aprovechando su nueva mayoría, el día 28 firman acuerdo con la dirección de la empresa, para extinguir 46 contratos y suspender otros 49. Por mucho que se presuma de haber reducido en 12 el número de afectados, la realidad es que hay un tercio más de despidos y más del doble de suspensiones respecto de la pretensión inicial de la Dirección de la empresa. En el caso concreto de las suspensiones de contrato, queremos recordar que la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre este tipo de medidas declarándolas nulas.

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