Tras la denuncia del movimiento sindical, especialmente de CCOO, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y modificar el criterio restrictivo, aprobado el pasado de mes de junio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que denegaba a dichos trabajadores y trabajadoras el acceso a la jubilación anticipada y, en otros casos, reducía las cuantías de las pensiones a las que se tenían derecho