Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda lo tienen claro: la actuación del Ministerio en el caso de Luis Bárcenas "no es muy correcta" e incluso podrÃa estar "bordeando la legalidad". Asà lo ha asegurado su presidente Carlos Cruzado, en referencia a los comunicados emitidos por Hacienda en los que aseguraba que el ex tesorero popular no se habÃa acogido a la amnistÃa fiscal. Es por ello que ha querido recordar a Cristóbal Montoro que el artÃculo 95 de la Ley General Tributaria impide desvelar datos personales al respecto.
Lo que sà que podrá aportar el ministro Montoro son datos estadÃsticos sobre qué parte de esos 1.100 millones corresponden a sociedades y a personas fÃsicas o qué cantidad de dinero se ha entregado en efectivo o mediante otros bienes. "Son datos que puede y deberÃa dar, pero no datos personales", ha recordado el presidente de Gestha antes de añadir que ellos todavÃa no han obtenido ninguna explicación de dónde procede el dinero de la amnistÃa fiscal. "De momento lo único que se sabe es la cantidad de dinero y el número de declarantes", ha señalado. Además, para este colectivo hay una cosa clara:"con este caso, parece que la posibilidad que planteábamos de que se acogieran a la amnistÃa fondos procedentes de actividades delictivas puede ser más que un hecho".
Voluntarios para auditar al PP
En una nota difundida por Gestiona Radio, Carlos Cruzado también se ha referido alofrecimiento de Gestha de realizar la auditorÃa interna del Partido Popular anunciada por Mariano Rajoy. Y aunque reconoce que el presidente del Gobierno todavÃa no les ha llamado señala que, "con indiferencia de que el PP, como todos los partidos, está sujeto al Tribunal de Cuentas, cabe la opción de que pida al Ministerio que seamos nosotros quienes hagamos este trabajo".
Según reconoce, "una auditorÃa al uso tiene la finalidad de demostrar o dar fe de que las cuentas responden a la situación real, pero no detectar irregularidades". Por ello, avanza habrÃa que hacer algo distinto y aplicar procedimientos que no forman parte de una auditorÃa propiamente dicha. AsÃ, añade que "si bien es difÃcil levantar una contabilidad B, con el examen de todos los contratos y justificaciones y de las relaciones con extraños al partido sà que puede tirarse de un hilo y descubrirla si en su caso la hubiera".
Esta petición llega, como explica Cruzado, porque este colectivo de más de 8.000 técnicos se siente infrautilizado: "estamos con las manos atadas no sólo en la lucha contra el fraude sino también en el control del gasto público. PodrÃamos hacer mucho más, queremos asumir más responabilidades en estas cuestiones, pero no se está contando con nosotros", ha denunciado.
