Una nueva “tormenta perfecta”
Como sucedió en el pasado, la confluencia de una serie de elementos alrededor de las cajas de ahorros es aprovechada por algunos para cuestionar la propiedad social de la mitad del sistema financiero español. De forma permanente, y más en los momentos claves, desdeCOMFIAhemos situado nuestra posición en defensa de la naturaleza jurÃdica de las cajas de ahorros, al tiempo que nuestras propuestas para reforzar su funcionamiento. Asà lo hicimos, recientemente, con losManifiestos en defensa del modelo y la naturaleza jurÃdica de las cajas publicados en 2001 y 2006.
En la actualidadel riesgo, siempre permanente, de desnaturalización del modelo se ve acrecentadoporla confluencia de nuevos factores: las fuertes tensiones de liquidez y el mayor incremento de la morosidadal que se está viendo sometido el sistema financiero español. A ello se sumaotro elemento que no ha existido en las anteriores “acometidas”: a los detractores habituales del modelo, que aspiran a su apropiación, se une el Banco de España con la apuesta por la “desamortización” de las cajas, una vez que el Estado vendiera las cuotas participativas con derechos polÃticos que hubiera suscrito en un proceso de capitalización pública, lo que deberÃa alertar a tanto vocero ingenuo de la nacionalización de la banca.
En defensa del empleo y el modelo de cajas de ahorros
Sin repetir todo lo ya expresado en el comunicado “El sector financiero ante la crisis”, del pasado 12 de Mayo, sà conviene hacerlo con aquello que desde CCOO hemos definido como nuestra prioridad, nuestra “lÃnea roja”: la defensa del empleo en el sector, que se hace más necesaria en un entorno de polÃticas de ajustes de costes, menor dotación de plantilla y presión sobre los trabajadores. Y aún más ante una probable reordenación del sector, en la que reiteraremos la exigencia de garantÃas económicas, sociales y, especialmente, laborales –protocolos de empleo-.
A ello, como también indicábamos, se une el objetivo de reactivar la economÃa, lo que pasa entre otras medidas por revisar el funcionamiento del sistema financiero para preservar y reforzar su solvencia, supervisión, función económico-social y nivel de empleo, todo ello mediante medidas concretas entre las que situábamos fórmulas de recapitalización de entidades (avalando emisiones de participaciones y/o deuda preferente/subordinada, o bien recapitalizándolas directamente) que debÃan condicionarse a compromisos de éstas para fortalecer su estructura de capital y mantener el empleo, además de incorporar exigencias de responsabilidad.
El reto y el objetivo son, por tanto, que las medidas que con seguridad van a adoptarse respecto al sistema financiero no supongan el fin del modelo de cajas, sino su fortalecimiento. De ahà que, una vez más y con mayor razón si cabe, desde CCOO situemos nuestra defensa del mismo.
Posición y propuestas de CCOO respecto a las cajas de ahorros
De forma resumida, los planteamientos de CCOO relativos al sector y que están implÃcitos o insertos en el “Pacto por la EconomÃa y el Empleo” que hemos propuesto son los siguientes:
Defender la naturaleza jurÃdica de las cajas de ahorros
Eje básico de actuación de CCOO, por su aportación al desarrollo social y territorial; y la inclusión financiera de las clases sociales más desfavorecidas. Entidades privadas, pero con función social,que han garantizado una competencia entre sà y con los bancos que ha hecho más eficiente al sector financiero español.
Promover sistemas de cooperación o integración estables en el sector de cajas
Para facilitar el acceso a mercados mayoristas para obtener liquidez, siempre y cuando la creación de estos sistemas no suponga la generación de estructuras societarias (como una S.A.) en las que los órganos rectores de estas entidades pierdan su autogobierno.
Abordar procesos de concentración de cajas
En un escenario en el que estas iniciativas parecen necesarias, siempre que se aborden de acuerdo con criterios económico-financieros y con garantÃas sociales y laborales, tanto dentro de cada comunidad autónoma como si deben superar ese marco geográfico.
De producirse iniciativas de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros, estas deben reafirmar su naturaleza jurÃdica, orientándose a los siguientes objetivos:
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Seguir reforzando el equilibrio entre la representación de la sociedad civil, la representación pública y la representación laboral en sus Órganos de Gobierno: Para ello podrÃan fijarse criterios legislativos claros en relación a los porcentajes (incluyendo un lÃmite mÃnimo significativo de representación laboral), diversificar de manera más efectiva la presencia directa o indirecta de instituciones públicas, determinar con claridad el principio de proporcionalidad en dichos grupos de representación, reforzar la participación democrática de los impositores y fomentar la presencia de entidades sociales realmente representativas. Todo ello, bajo la premisa del mantenimiento del actual marco legislativo de las cuotas participativas, sin desarrollo alguno de derechos polÃticos de las mismas.
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Seguir reforzando un funcionamiento de sus Órganos de Gobierno bajo los principios de rentabilidad, profesionalidad, eficiencia y responsabilidad social: Intensificando su control y vigilancia de la gestión, polÃtica de inversiones y retribuciones, incorporando criterios de RSE, reafirmando la responsabilidad, capacitación y autonomÃa de los consejeros, etc.
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Cubrir vacÃos de regulación en caso de fusiones de cajas de diferentes comunidades autónomas, respecto a la atribución de competencias sobre la caja resultante.
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CabrÃa estudiar mecanismos para evitar el riesgo de conflicto de intereses entre la labor de tutela y supervisión, y la responsabilidad de administración, como los producidos en algunas Comunidades Autónomas (PaÃs Valenciano, Comunidad de Madrid).
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Desarrollar el actual art. 19 de la LORCA en materia de Alianzas de Cajas de manera que, alternativamente a procesos de fusión, se puedan articular procesos de colaboración o integración, con la premisa de que no suponga riesgo para la naturaleza de las cajas.
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Reforzar la simetrÃa supervisora con otros subsectores de crédito a través de los reguladores y supervisores comunes (Banco de España, CNMV), sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en su ámbito.
