Vimos entonces cómo las polÃticas que se están implementando desde mayo de 2010 y que se han intensificado desde la llegada del PP al Gobierno están suponiendo una fractura social sin precedentes: Se sigue destruyendo empleo; se siguen deteriorando los derechos laborales y sociales; se intensifica la devaluación de nuestro Estado de Bienestar; se promueve una involución ideológica de carácter neoconservador y confesional negando a las mujeres el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, profundizando la división sexual del trabajo, reduciendo los recursos contra la violencia sexual, criminalizando a la población inmigrante,... y aparecen sÃntomas preocupantes de autoritarismo polÃtico que amenazan la calidad de nuestro sistema democrático. No existe ningún colectivo, ni ámbito de la actividad social y cultural, que se libre de las consecuencias de estas polÃticas salvo los poderes económicos y las élites que los representan. Todo ello, sin que en estos dos años largos de polÃticas neoliberales a ultranza aparezca el más mÃnimo indicio de superación de la crisis, antes al contrario, se profundiza la recesión económica.
El mundo del trabajo, los empleados y empleadas públicos, los desempleados y los pensionistas, los autónomos, el pequeño comercio; el mundo de la cultura y la ciencia; la justicia; el medio rural; los medios de comunicación y los periodistas, los inmigrantes, los jóvenes; la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; el medio ambiente y las posibilidades de un modelo económico sostenible, los derechos de los consumidores, la actividad de las organizaciones que trabajan con los más empobrecidos y que practican la cooperación al desarrollo, ...TODO y TODOS y TODAS estamos sufriendo las consecuencias de unas polÃticas que nos llevan a un cambio de modelo social y nos arrastran hacia una sociedad más injusta, menos igualitaria y más autoritaria, rompiendo los consensos básicos establecidos en la transición democrática.
Desde la pasada reunión de la Cumbre Social hemos seguido sufriendo centenares de incendios repartidos por toda nuestra geografÃa que podrÃan haberse evitado o, al menos, haber sido menos devastadores si no se hubiesen recortado los recursos dedicados a ello ni destruido la ganaderÃa extensiva como elemento de limpieza de los montes; se ha prolongado la ayuda a los parados que no perciben ninguna prestación pero reduciendo muy significativamente el número de beneficiarios de la misma, cebándose muy especialmente en los jóvenes; se ha intensificado la persecución de aquellas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA, ha continuado el cerco del Gobierno central hacia las corporaciones locales, particularmente las menores, y hacia las CCAA y ha aumentado exponencialmente el riesgo de rescate de la economÃa española.
Las organizaciones reunidas en esta segunda Cumbre Social ratificamos el compromiso adquirido en la anterior de conseguir el próximo 15 de septiembre una gran concentración en Madrid, que exprese el profundo rechazo que nos merecen estas polÃticas; que plantee con nitidez que existen alternativas a las polÃticas europeas y nacionales, empezando por una polÃtica fiscal más justa y progresiva y una decidida lucha contra el fraude fiscal sin amnistÃa para los defraudadores. El 15 de septiembre, también, debe cuestionar la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo unas medidas que no formaron parte de su programa electoral.
Ninguna de las medidas que, desde enero, se vienen aplicando se sometió a la consideración de la ciudadanÃa en las pasadas elecciones del 20 de noviembre. Cada una de ellas de manera aislada ya supone un ejercicio de ocultación suficientemente grave, pero todas juntas, como programa de acción gubernamental, supone un auténtico fraude democrático y una violación de los derechos humanos y de la ética de la polÃtica.
El mal llamado rescate (ni blando ni suave) que negocia el Gobierno ni es inevitable ni deseable con los antecedentes conocidos (Grecia, Irlanda, Portugal) y, de llevarse a cabo, supondrá nuevas condiciones y por tanto nuevos recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se mantiene en pie, prestaciones por desempleo, pensiones,...Ésa es una decisión de tal trascendencia que no puede tomarla el Gobierno por sà sólo. Si antes tenÃamos suficientes motivos para exigir un Referéndum, ahora más.
La Constitución Española contempla en su artÃculo 92.1 la posibilidad de que ante decisiones de especial relevancia se recurra a la consulta popular, eso es lo que da sentido y fortalece nuestra democracia, lo que en momentos tan crÃticos es justo que demandemos. En todo caso la ciudadanÃa debe tener la posibilidad de expresarse. Ése también es nuestro compromiso.
