El programa de estabilidad que envió el Gobierno español a Bruselas es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo. Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador, esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo, hasta 2015.

La Organización Internacional del Trabajo cree que la crisis ha causado mucho impacto en el mercado laboral, pero advierte de que es la austeridad lo que pone en peligro su futuro. En su último informe, Trabajo en el Mundo 2012, señala que en hay un déficit global de 50 millones de empleos en comparación a la situación anterior a la crisis. “Es poco probable que durante los próximos dos años la economía crezca a un ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo”, advierte. Añade que la obsesión por atajar el déficit de los Gobiernos, especialmente en Europa, está dañando el crecimiento, un efecto que la OIT bautiza como “la trampa de la austeridad”.

El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.

Hoy, 4 de mayo, es el día de la liberación fiscal. Es decir, la fecha en la que un ciudadano medio ya "ha generado ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones tributarias de todo un año". Así lo atestigua un informe de Civismo y Libertad, una organización de carácter liberal que se define como un "think tank por la libertad y la sociedad civil". Este cálculo es muy conocido en el mundo anglosajón -Tax Freedom Day-. En el caso español, se toma como referencia a un trabajador que gana 24.400 euros brutos al año. El estudio calcula el coste que supone el IRPF, el IVA, la Seguridad Social, los impuestos especiales y otros impuestos municipales como el IBI.

"Cada viernes continuarán las reformas, y el viernes que viene también". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, anunció que el ataque a los derechos sociales y laborales sigue su curso. Bien es verdad que en estos cuatro meses al frente del Ejecutivo, Rajoy solo ha sido fiel a lo que no dijo; pero conviene no olvidar que el horizonte electoral está despejado, y ello puede animar a la derecha española a consumar la mayor contrarreforma social, laboral y democrática que haya tenido lugar en este país desde 1977.

La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, ha denunciado el "alarmante" incremento del desempleo en el primer trimestre del año, que ya alcanza la cifra 5.639.500 personas. "Un incremento que es consecuencia de la política errónea del Gobierno que persiste en la reducción del déficit en lugar de apostar por el estímulo económico y el empleo", en su opinión.