Una vez más, el FMI ha reclamado reformar y liberalizar el mercado laboral español. A la habitual petición de agilizar el despido, se suma la de bajar los salarios. Personalmente, ambas ideas me parecen bastante razonables (puede poner sus insultos más abajo) dada la situación económica de España.

Fue polémica al nacer y aún más controvertida será al morir. Aquel cheque de 400 euros -el mismo que Pedro Solbes como ministro de Economía admitía en petit comité que prefería no valorar- fue criticado nada más llegar, pues Zapatero hizo de esta deducción la estrella electoral de sus planes contra la recesión.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) participará en la Troika social que se reunirá la víspera del Consejo informal de los Ministros europeos encargados del Empleo y la Seguridad social, del 27 al 29 de enero en Barcelona.

Los líderes sindicales que asistirán esta semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, aprovecharán la ocasión para seguir presionando a los gobiernos a fin de que actúen con carácter de urgencia para abordar la cada vez más profunda crisis mundial del empleo y para avanzar con la reforma y reestructuración de la banca y las finanzas.

Las comparaciones son odiosas y, en muchas ocasiones, es más que recomendable no hacerlas fuera de contexto. Una tentación que resulta difícil evitar a la hora de hablar de las condiciones del mercado laboral en distintos países, más aún del despido.

La patronal quiere reducir el papel de los jueces de lo Social en el análisis de las decisiones empresariales sobre la organización interna del trabajo, lo que, en su opinión, daría mayor flexibilidad al funcionamiento diario de las compañías.