Los detractores de esta norma argumentan que tiene un elevado coste para las arcas públicas y que nuestro sistema tributario no puede estar cargando durante treinta o cuarenta años más con este lastre. Sin embargo, el coste de esta medida, que se ha consolidado a lo largo de los años y que beneficia a casi seis millones de personas, es relativo. Veamos porqué.
Su coste anual es de unos 4.200 millones de euros, una cifra que puede parecer elevada, pero que no lo es tanto si la comparamos con el dinero que Hacienda pierde por otras vías. Por ejemplo, los expertos abogan por reducir el Impuesto de Sociedades del 30% al 25% en una primera fase, para dejarlo finalmente en el 20%. Esta medida podría parecer más que óptima para impulsar los resultados de muchas empresas si no fuera por que en la actualidad las 3.000 mayores compañías de nuestro país tributan a un tipo efectivo del 3,5%, es decir, diez veces menos de lo que deberían.
Esto es posible gracias a la multitud de exenciones y resquicios legales que les permiten eludir el pago de gran parte de su carga fiscal. Trasladado a los números, esta práctica fiscal supone una pérdida de 27.000 millones de euros para las arcas públicas. Por tanto, no hace falta darle muchas vueltas para deducir que es una cantidad muy superior al coste de la desgravación por vivienda.
Con estos datos sobre la mesa, los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideramos que eliminar esta deducción con carácter retroactivo no está justificado y es una muestra más del desinterés que los expertos muestran por la equidad en su informe, obviando los derechos adquiridos por millones de contribuyentes que, religiosamente, han pagado sus impuestos y que, a día de hoy, siguen haciéndolo.
Carlos Cruzado Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
