Para UNI Europa lograr este cambio es una prioridad clave. En la UE, las autoridades públicas gastan alrededor del 14% del PIB (unos 2 billones de euros al año) en la contratación de servicios, obras y suministros. Por consiguiente, no pueden eludir su responsabilidad social. La modificación de las normas de contratación pública aplicables a nivel de la UE es un medio eficaz para reforzar la cobertura de la negociación colectiva y, por lo tanto, aumentar los salarios y las condiciones de trabajo, especialmente para algunos de los trabajadores peor pagados en los sectores de servicios. De hecho, una política de este tipo crearía el marco para que la UE y los gobiernos nacionales promovieran proactivamente la negociación colectiva.
