Pero una cifra absoluta es poco significativa. Un indicador más relevante es la ratio de deuda pública/PIB.
En 2010 el endeudamiento público de la zona euro se situó en el 85,1% del PIB frente al 60,1% de España. Es decir, nuesÂtro paÃs estaba 25 puntos por debajo de la media. Y la diferencia con los grandes paÃses era similar o mayor en algunos casos: 23 puntos por debajo de AlemaÂnia, 22 puntos menos que Francia y, soÂbre todo, 59 puntos menos que Italia, la cuarta economÃa de la UE que duplica la ratio de la deuda española. España, por lo tanto, no tiene un problema con su deuÂda soberana. O, dicho de otra forma, denÂtro de los grandes paÃses de la UE, somos el que menos problemas tiene.
Ahora bien, este dato no puede ocultar una negativa evolución de las cifras de deuda del conjunto de la UE y, por lo tanÂto, también de España en los años de la Gran Recesión. Porque los problemas de deuda privada generada con el estalliÂdo de la burbuja financiera-inmobiliaria se han trasladado en buena medida a la deuda pública. En 1996 nuestra deuda soberana equivaÂlÃa al 67,4% del PIB. En ese año se inició un proceso de reducción sostenido hasta llegar al 36,1% en 2007. De esta larga seÂrie temporal se pueden sacar varias conÂclusiones relevantes para estimar en qué grado está el problema de nuestra deuda actual.
La primera conclusión es que en 2010, tres años después de iniciada la crisis, la deuda pública acumulada está, en térmiÂnos de PIB, casi al mismo nivel que tenÃaÂmos al empezar la década. La segunda es que la ratio de la deuda/ PIB se redujo en cada uno de los años desde 1996 a 2007, hasta acumular una disminución de 31 puntos, alcanzando en este ejercicio un mÃnimo histórico.
La tercera es muy relevante porque lo que explica la reducción del peso de la deuda en el pasado ha sido el crecimiento del PIB nominal, de tal forma que en el futuro la reducción del peso de la deuda dependerá más del crecimiento nominal del PIB que de alcanzar superávits presupuestarios que permitan reducir el nominal de la deuda. Los problemas de sostenibilidad de la deuÂda pueden ser de dos tipos: la posibilidad de seguir acudiendo a los mercados finanÂcieros para refinanciar la deuda vencida o cubrir nuevas necesidades de financiación; y/o que el servicio de la deuda se convierta en una pesada losa sobre las cuentas púÂblicas.
Para tener una opinión fundamentada acerca del nivel de sostenibilidad de la deuda española, analizamos su coste fiÂnanciero y las necesidades de financiaÂción/refinanciación en los próximos años. En 2010, los intereses generados por la deuda fueron 20.423 millones de euros, una cifra que equivale al 1,9% del PIB. En 1996 alcanzó el 5,23% del PIB, valor casi tres veces superior al de 2010. La ratio inÂtereses/PIB se mantiene en 2010 en niveles históricamente bajos en nuestro paÃs y por lo tanto sigue sin representar un problema de sostenibilidad.
La comparación con el paÃs de referenÂcia de la ortodoxia financiera de la UE es determinante en este sentido. En el año 2010, Alemania pagó en intereses de su deuda lo equivalente al 2,4% de su PIB. Por otro lado la deuda española está relaÂtivamente bien estructurada en sus plazos de vencimiento. En 1987, la vida media de la deuda española era de 2,72 años; en 1997 ya eran 4,24 años, para llegar a suÂperar los 6 años en 2003 y cerrar el 2010 con una vida media de 6,62 años. Esto sigÂnifica un peso cada vez mayor de la finanÂciación a más largo plazo, lo que proporÂciona mayor estabilidad a la estructura de financiación y menor necesidad de acudir a los mercados de deuda para financiar vencimientos.
La deuda pública española está repartida, un 56% entre prestamistas españoles y el 44% restante, 267.628 millones, en maÂnos de prestamistas del resto del mundo. Por lo tanto, la mayorÃa de compradores de deuda española son instituciones, enÂtidades y empresas españolas, si bien el peso de los compradores exteriores es cada vez mayor. El principal comprador no residente de deuda española son los bancos centrales de otros paÃses, en especial de Estados europeos, que suponen el 32%, casi un tercio, de los inversores no residentes. Le siguen el grupo de las familias y empreÂsas no financieras, que tienen otro 29%.
Las entidades financieras y las empresas de seguros tienen comprado el 23% de la deuda en manos externas, de tal forÂma que sólo el 16% del total de la deuda en poder de no residentes pertenece a fondos de inversión y de pensiones. Si se tiene en cuenta que la deuda en poder de los no residentes es el 44% del total, se concluye que la participación en el toÂtal de la deuda soberana en circulación en manos de fondos de inversión y de pensiones no supera el 7% del total de la deuda pública española. Demasiado poco para que ellos solos puedan llevar a nuesÂtro paÃs a la insolvencia. Manuel Lago Peñas Economista. Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
