La actual coyuntura española, generaÂda por la crisis económica y financiera, ha agravado la situación del Fondo de GarantÃa Salarial, suponiendo un aumento importantÃsimo del volumen de peticiones de prestaciones. No hay que olvidar que la misión fundamental de este organismo es el abono, a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, de los créditos salariaÂles e indemnizatorios pendientes de pago por la declaración de insolvencia o conÂcurso de las empresas que se los adeudan, situaciones que han aumentado significaÂtivamente durante la crisis, triplicando e incluso cuadruplicando la actuación de las unidades administrativas.
A pesar del esfuerzo que viene desempeÂñando la escasa plantilla del Organismo, apenas 400 trabajadores/as en todo el teÂrritorio español, los expedientes pendienÂtes en la actualidad superan los 68.000, afectando a 125.000 personas que, en tanto no se tramiten, no pueden percibir los salarios e indemnizaciones por desÂpido, devengados y no pagados por sus empresas. La carga de trabajo pendiente en este apartado es superior a la activiÂdad que desarrolló el FOGASA a lo largo de todo el ejercicio 2008.
Los tiempos medios de tramitación suÂperan los 6 meses, cuando por imperaÂtivo legal no deben superarse los 3, esta situación tiene como consecuencia que, siendo el silencio administrativo positivo, conlleva el devengo de intereses de deÂmora, asà como la estimación de derechos por silencio administrativo, generando un significativo perjuicio a la hacienda pública. El Fogasa debiera participar en miles de procedimientos concursales, de media, más de 1.000 por letrado, a la vez que es citado anualmente a más de 90.000 proÂcedimientos declarativos ante los juzgaÂdos de la jurisdicción social, más de 690 juicios por letrado y año. Tampoco en esta parcela el organismo puede responÂder a los requerimientos judiciales y ello colabora al aumento del gasto.
La aprobación del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urÂgentes para la reforma del mercado de trabajo supone la asignación de nuevos cometidos al FOGASA, asà el abono de los 8 dÃas de la indemnización por despido supone otros 200.000 expedientes y que las prestaciones se abonen con un año de retraso a finales del 2011. La situación es dramática y en las conÂdiciones actuales el organismo no pueÂde responder a los requerimientos de la ciudadanÃa, unos requerimientos que se producen en un momento crÃtico para las personas y las familias al conllevar la pérdida de empleo con todas las conseÂcuencias que ello arrastra.
La plantilla de FOGASA está sobrepasada por la carga de trabajo existente, las conÂdiciones de trabajo son insufribles. Desde CCOO se ha instado al Ministerio de TraÂbajo e Inmigración a que se resuelva esta situación de forma inmediata, ya que el propio MTIN habÃa adquirido el comproÂmiso, en el corto plazo, de incrementar la plantilla en un número cercano al centeÂnar y que no sabemos por qué motivos no ha cumplido. La incorporación de plantiÂlla es urgente si se quiere normalizar los abonos de las prestaciones. Las conversaÂciones que se han podido mantener hasta la fecha han terminado fracasando por la desidia, desinterés e irresponsabilidad de quienes gobiernan este Ministerio. El Real Decreto-Ley 10/2011 publicado recientemente recoge más de un desatiÂno en lo que a contratación se refiere, un contrato de formación y aprendizaje fueÂra de toda lógica, contrato que puede geÂnerar una verdadera descapitalización de la seguridad social, asà como una apuesta por mantener los anormales niveles de temporalidad de nuestro mercado laboÂral permitiendo durante dos año el encaÂdenamiento de los contratos temporales. Junto a todo ello, se recoge la decisión de fusionar el FOGASA y el Servicio PúÂblico de Empleo Estatal (SPEE), el antiguo INEM.
Esta última ocurrencia se realiza sin ninÂgún análisis previo. Tanto FOGASA como el SPEE son los dos organismos en los que más crece la actividad en tiempos de criÂsis. Sobre los mismos está recayendo en los tres últimos años una intensidad de trabajo innegable y ninguno de los dos ha podido contar con los medios necesaÂrios para poder absorber, con unos mÃniÂmos de calidad, las cargas de trabajo a las que deben responder. La alocada polÃtica de recortes que se ha instalado en el seno de la AdministraÂción General del Estado ha sido incapaz de contemplar la situación excepcional que soportan tanto el SPEE como el FOÂGASA y ha impedido establecer medidas correctoras de los déficit que padecen, comprometiendo claramente la gestión que deben desempeñar. Pretender fusioÂnarlos, sin corregir previamente las deÂficiencias estructurales de plantilla y de medios que sufren, solo puede llevar a un colapso aún mayor en ambos, algo que repercutirá directamente sobre la poblaÂción desempleada que sufre en primera lÃnea las consecuencias de la crisis. La intención de integrar los dos organismos se hace en el momento más crÃtico de su gestión y encierra peligros que no se pueden obviar. SerÃa de una irresponsaÂbilidad absoluta iniciar este camino sin contar con los medios y las soluciones que los eviten, y este Gobierno no idenÂtifica nada que se le pueda parecer en el Real Decreto-Ley publicado.
Desde nuestra Sección Estatal de CCOO en el Ministerio de Trabajo, con la colaÂboración de la FSC y de la Confederación, se ha llevado adelante un primer proceso de denuncia de la situación, se han reaÂlizado propuestas concretas y razonables de solución y la cerrazón que muestra el Gobierno obligará, durante los próximos meses, a intensificar este trabajo y a abordar las movilizaciones necesarias para modificar las claves en las que se encuentran tanto el FOGASA como el SPEE
