La negociación del pacto laboral en el proceso de fusión de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos arrancó este miércoles en Madrid. Fue a través de una "reunión informal" y de "toma de contacto" entre representantes de las entidades de ahorro y de sus secciones sindicales, que tuvo lugar en la sede de Acarl (Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales).

El proyecto de fusión de Caja de Burgos con Caja España y Caja Duero se presenta, sin duda, como uno de los desafíos más importantes y estratégicos de nuestra historia económica contemporánea. Del resultado de este complejísimo y delicado proceso, cuyo arranque parte de la aprobación de unos consejos de administración que se reunirán en unos pocos días, no sólo dependerá la continuidad de la primera entidad financiera de la provincia reforzada en la unión con otras dos cajas de ahorro regionales, sino también ese universo de ramificaciones que ha ido extendiendo por todo el poderoso y diversificado tejido económico, social, cultural y vital de la provincia y del resto de Castilla y León a lo largo de su trayectoria.

Los responsables de las secciones sindicales de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos no “avalan” el cierre de 300 oficinas y la eliminación de 1.400 empleos, que plantearon ayer los responsables de Recursos Humanos de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos, en la primera reunión de negociación del plan laboral del proceso de fusión que estudian las tres entidades financieras de Castilla y León.

La primera toma de contacto entre las cajas de ahorro y los sindicatos para reducir el volumen de más de 1.400 empleados recogidos como excedente en el informe de la consultora externa KPMG –en la constitución de la nueva entidad–, sirvió para sentar las bases de un primer acuerdo marco que contemple los principios básicos de actuación, y para acordar que tras la votación del inicio del proceso de fusión en los consejos de administración –previsiblemente en la segunda semana de noviembre–, se constituirá una mesa de negociación.

 Los responsables de las secciones sindicales de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos no «avalan» el cierre de 300 oficinas y la eliminación de 1.400 empleos, que plantearon ayer los responsables de Recursos Humanos de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos, en la primera reunión de negociación del plan laboral del proceso de fusión que estudian las tres entidades financieras de Castilla y León.

La hoja de ruta inmediata para el proceso de fusión de las tres principales cajas de ahorro de la Comunidad está clara. La de prioridades también. Al menos para el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, que ayer afirmó con rotundidad que ahora "lo principal" es alcanzar con los representantes sindicales el pacto laboral.

Sin acuerdo laboral, cuya negociación se inicia hoy en Madrid, no habrá fusión de cajas en Castilla y León. Así lo anunciaron ayer dos de las partes implicadas en el proceso: el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, y el responsable de UGT de Castilla y León, Agustín Prieto.

Cuando en un mercado cualquiera se habla de fusiones, la primera impresión del público no tiene que ver con la actividad reforzada o las ventajas competitivas de la entidad resultante. La primera idea que se viene a la cabeza es a cuánta gente afectará y que brazos del negocio acabarán suprimidos.

La fusión de las tres grandes cajas de Castilla y León, Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos generará, según los cálculos de los técnicos, un excedente de plantilla del 20% del total de los empleados que sumarán estas entidades tras su fusión. Este porcentaje equivale a una cifra de 1.400 trabajadores del conjunto de las tres entidades. La reducción de estos excedentes laborales se llevará a cabo de una forma suave, destacó ayer el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso quien apuntó que «hablamos de ajuste de plantillas, no de despidos».