La Defensora del Pueblo no presentará recurso de inconstitucionalidad pero sí lo han hecho una amplia representación de los grupos parlamentarios de oposición.

Los secretarios generales de CCOO, UGT y USO, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Julio Salazar, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, en representación de la Cumbre Social, han presentado en rueda de prensa la convocatoria de manifestaciones del 10 de marzo en todo el país "contra el paro y por la regeneración de la democracia", con la que "se quiere expresar el rechazo de la ciudadanía a las políticas de austeridad y a una situación política "trufada" de casos de corrupción", manifestó Toxo.

Estos días se está decidiendo en Europa como se estructurará el rescate directo de los bancos por parte de Europa.

En los tiempos de mayor enajenación mitómana en Franco, un ministro confesaba sentirse tranquilo y seguro cuando en la noche veía la luz del despacho de Franco encendida: el caudillo trabajaba para España.

• LIBERBANK LLEVARÁ EL JUEVES MÁS DE 5.000 MILLONES AL 'BANCO MALO'
• ÚLTIMO TRÁNSITO DEL BANCO DE VALENCIA
• LA BANCA REHÚYE EL CONFLICTO
• FORO ACUSA AL PSOE DE «BLOQUEAR» SU INICIATIVA PARA INVESTIGAR LIBERBANK
• LA SAREB RECIBE LOS ACTIVOS DAÑADOS DE LA BANCA CON AYUDAS PERO NO NACIONALIZADA
• CAIXABANK PRESCINDIRÁ DE LOS AFECTADOS POR EL ERE TEMPORAL DE BANCA CÍVICA BANKIA
• PERDIÓ 19.193 MILLONES EN 2012 EL ESTADO PODRÍA RECUPERAR LAS AYUDAS A BANKIA EN 2015
• 'LOS ESTRAGOS DE LA REFORMA LABORAL HAY QUE PARARLOS Y REVERTIRLOS'
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• ¿FONDOS BUITRE Y PRENSA CANALLA O FONDOS CANALLAS Y PRENSA BUITRE?
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Eliminada la supervisión sindical, la privatización del Canal de Isabel II se gesta a través de una tupida red de lazos personales, políticos y económicos en torno al núcleo del PP madrileño una operación que contradice el discurso meritocrático del que Esperanza Aguirre se erigió en portavoz.

Ambos sindicatos recuerdan que la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya está acordada en la Ley 27/2011 y debería haber entrado en vigor en enero de 2013. La pretensión del Gobierno de endurecerla no tiene ningún tipo de justificación.