Salvador Bangueses, responsable de Política Institucional de CCOO, recordó que su sindicato está abierto a debatir este tema dentro del objetivo de reforzar el sistema de protección social. Aunque en su opinión la ampliación del periodo de cálculo “no es la única forma” de conseguir esta meta, no se debe cerrar la puerta a estudiar una medida de estas características.

El secretario ejecutivo confederal de UGT Jesús Pérez y el responsable de Política Institucional de CC.OO., Salvador Bangueses, valoraron ayer de modo satisfactorio la propuesta del Gobierno sobre la subida de pensiones prevista para 2005 y no se opusieron a hablar de la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones en el marco del diálogo social.

El secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, calificó hoy de positiva la propuesta que ha realizado el Gobierno sobre la subida de pensiones, pero recordó que la mesa de Seguridad Social debe abordar el sistema de protección social "en su conjunto" y no sólo una parte.

El Gobierno subirá las pensiones mínimas contributivas a la Seguridad Social entre un 6% y un 8%. Así se desprende de la información que ayer proporcionó el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales durante la mesa de concertación social.

En EEUU hay actualmente unos 292 millones de personas, de los que cuales unos 40 millones son mayores de 65 años (el 14% de la población). La población activa, calculada en unos 184 millones de personas, es el 63% del total.

La Seguridad Social gastará el próximo año 79.579 millones de euros en pagar las pensiones y otras prestaciones económicas, cantidad que se ha incrementado un 7,5%. Esta cantidad supone más de un tercio del gasto público del conjunto de las administraciones, que se sitúa en 235.000 millones de euros.

El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.

Se ha alcanzado un acuerdo parcial con los empleados que denunciaron a la compañía por discriminar a los trabajadores de mayor edad en sus planes de pensiones.

El Gobierno calcula que la desviación de inflación este año costará como mínimo 1.200 millones de euros. El sistema de protección tendrá un superávit de 7.000 millones.