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BOLETÍN RSE Nº 652 Semana del 18 de Enero

En este número: '..En el sector público debieron ponerse el práctica con emergencia la combinación de las leyes de transparencia, la ley de Economía Sostenible, y los indicadores de RSE del Consejo de Estatal de RSE. El proceso, bloqueado' No habrá sostenibilidad ni RSE sin la participación de grupos interés representativos y  libres de temor.
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Este artículo se publicó originalmente en RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


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Viernes 15 de Enero de 2016. - 

Hace ya muchos años que en Comisiones Obreras elaboramos una serie de recomendaciones para incluir las cuestiones sobre responsabilidad social de las empresas en los convenios colectivos (ver aquí), más allá de la promoción de códigos éticos (ayer hablábamos de su poca efectividad ante las crisis). Incluso hace unos años las patronales aceptaron también promover estas recomendaciones. Eso fue antes de este periodo negro en el que negociación colectiva y los sindicatos parecieran un enemigo a batir. En muy pocos convenios se han incluido estas cuestiones. En estos momentos, por ejemplo,  se están negociando los convenios del sector financiero, donde es evidente la resistencia patronal a incluir nuestra aportación, como partes muy interesadas, para mejorar el nivel de RSE de las empresas. Porque realmente, quieran o no finalmente, nuestra acción sindical mejora la RSE de los sectores empresariales. Un dos ejemplos en un mismo sector, la hostelería:  6.000 trabajadores y trabajadoras de Hostelería de Ciudad Real cobrarán las horas nocturnas y podrán llevar al médico a sus hijos menores ; CCOO consigue por la vía judicial recuperar derechos para el sector de hostelería en Catalunya. Es una pena que tenga que ser por vías judiciales, pero evidentemente, mejorar la vida de las trabajadoras y trabajadores es mejorar los impactos sociales de las empresas (definición de la RSE. Ver blog)

Tenemos otro ejemplo reciente, de otro tipo, en  Cajamar, donde se ha solucionado, in extremis, un conflicto relacionado con igualdad y conciliación, utilizando precisamente argumentos de RSE. 

Lunes 18 de Enero de 2016. - 

¿Grupos de interés o grupos que me interesan? En los procesos relacionados con la sostenibilidad y RSE la clave es la consideración de los impactos sociales de las empresas en el las personas y comunidades afectadas por su actividad, directa o indirecta. Existen representantes de estos grupos de interés legitimados democráticamente. Sustituirlos, por ejemplo, por un proceso de encuestas -dirigido por una consultora o por comunity managers digitales del propio sistema comercial- significa, al final, degradar la democracia. Los sindicatos somos parte fundamental de estos procesos (deberíamos serlo). En teoría, nuestro papel está contemplado en los instrumentos básicos de la RSE (Véase texto de la Comisión y Parlamento Europeo, o el indicador GRI sobre % de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos). Pero en la práctica, no está siendo así. En todo el mundo se está dando una ofensiva contra los sindicatos. El caso de España es paradigmático (ver caso en la OIT). Mañana se celebrará un importante acto en defensa del derecho de huelga. La huelga no es delito. La RSE no funcionará sin representantes democráticos y legítimos  libres de temor  (Leer en nuestro Blog)

Precisamente respecto a los peligros globales que amenazan la democracia,  en relación al poder del dinero y las finanzas para ocultar violaciones masivas de derechos humanos, laborales y reglas, difundimos un  nuevo informe de la CSI:  Cálculo del coste de la esclavitud moderna en Qatar: ¿Qué precio tiene la libertad? Este informe es parte de la Campaña RSE e Inversión Socialmente Responsable (ISR) sobre Qatar.

Martes 19 de Enero de 2016. - 

Hoy difundimos una selección de artículos recientes relacionados con dos de nuestras banderas para un cambio necesario: desigualdad salarial y justicia fiscal. Son dos palancas para dar la vuelta al avance mundial de la desigualdad y que deberían aceptar el cambio de la concepción de la RSE, relacionado a su vez con el sistema regulatorio y la transparencia (véase el debate sobre el control de la banca), que debió producirse hace tiempo (de hecho, se reconoció, en 2011, pero está claro que no se acepta), a raíz de las enseñanzas de esta (y anteriores) crisis. (informe #RSequidad)

Oxfam acaba de lanzar una campaña centrada en estos dos temasEl 1% de la población del mundo posee el 99% de la riqueza (acceso al informe y a la campaña), y también ponen el foco en la Justicia Fiscal (sí, aquello que se dijo solemnemente tras la crisis) : Firma contra el escaqueo fiscal. En El País aparece un artículo de Paul Krugman, que de nuevo da en el clavo: ¿Es necesaria tanta desigualdad?


Para avanzar en estas cuestiones necesitamos agentes libres de temorRecuerda, hoy acto:  La huelga no es delito.

Miércoles 20 de Enero de 2016. - 

Como venimos insistiendo hace muchos años, la responsabilidad social de las empresas tiene mucho que ver con la transparencia y en derecho a saber (en el caso de los representantes de los trabajadores, el derecho a participar en la organización del trabajo). En el Banco Mare Nostrum (BMN), por poner un ejemplo reciente, acabamos de iniciar una denuncia ante la Audiencia Nacional por la reiterada vulneración del derecho a la información

Todos los escándalos relacionados con la crisis actual se hubiesen evitado con suficiente información, que ha de ser tratada. Porque puede que exista información, pero si no se ordena (según relevancia, volumen...) puede que sólo sirva para fomentar batallas cainitas, distraer, e incluso para hacer más negocios y eliminar a competidores. Todo esto vale para el sector privado, como para, como puede verse en estos días, para el sector público, que en España parece que se ha utilizado en demasiadas ocasiones para intereses privados (tenemos el caso de Tragsa, y nuevo escándalo en Aquamed). En el sector público debieron ponerse el práctica con emergencia la combinación de las leyes de transparencia, la ley de Economía Sostenible, y los indicadores de RSE del Consejo de Estatal de RSE. El proceso, bloqueado. El coste estimado de la corrupción (desviaciones, uso de información privilegiada...) en el sector público y adjudicaciones: 48.000 millones de euros. Ver informes de la CNMC y Transparencia Internacional.

Nuevo informe de Amnistía InternacionalTrabajo infantil tras las baterías de los teléfonos inteligentes y los automóviles eléctricos. Cadenas de suministro, RSE y Derechos Humanos. 

Recuerda: para avanzar necesitamos activistas y agentes LIBRES DE TEMOR. No nos callarán. También para la RSE, la huelga, no es delito

Jueves 21 de enero de 2016. - 

El empleo como chantaje: de la falta de respeto al medio ambiente, a la salud de las poblaciones, los derechos de los consumidores y la competencia fiscal irresponsable. Y también las reformas laborales y la represión del derecho a la protesta han sido justificadas con esa supuesta creación del empleo. 

Hoy, dos editoriales del digital Ágora, que recomendamos. Helena Ancos hace unas importantes reflexiones a partir de la crisis de Volkswagen:  El coste del engaño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reputación? Destacamos el párrafo final, con el que coincidimos (y lo hemos dicho muchas veces): En definitiva, nuevamente nos encontramos con un cuestionamiento de los mantras que deliberadamente se suelen manejar en la responsabilidad social corporativa por gurús y consultoras en aras del greenwashing y de erróneas políticas de RSC. Aquello de que ?la reputación es algo que cuesta mucho ganar pero muy poco perder? o que el consumo responsable no hace más que aumentar.  Estos lemas serán verdad cuando se corrijan los enfoques y seamos capaces de ver más allá de las apariencias. Pero sobre todo, ponen de manifiesto, el papel didáctico y constructivo que tienen, en el actual estadio de desarrollo de la RSC y la sostenibilidad, las autoridades públicas en distintos contextos geográficos.El otro artículo es la segunda parte de los Retos en 2016 para la RSC y la Sostenibilidad . En breve, nuestro propio resumen.

Viernes 22 de Enero de 2016. - 

Una nueva perspectiva en la contratación pública. Un nuevo e interesante ejemplo en un gran ayuntamiento, en este caso el de Madrid. Nuestro objetivo es incluir criterios sociales (incluidos los laborales, por supuesto), medioambientales y de buen gobierno en todo el sistema económico, incluidas las inversiones (ISR) y en todo el sector y administración pública. Un buen ejemplo es la inclusión de estas cláusulas en distintos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Pero lo más importante para nosotros (y para el país) es que estas cláusulas no dejen aparte la calidad en el empleo, dada la dramática situación de este. En demasiadas ocasiones se están dejando aparte los indicadores de empleo, y sobreponderando otras cuestiones (emprendimientos, la existencia de algún tipo de sello o certificación no consensuada...) Las empresas deben elaborar balances sociales para facilitar su evaluación por parte de administraciones públicas, inversores, grandes empresas, organizaciones o consumidores que aspiren a construir una economía verdaderamente sostenible (memorias de de sostenibilidad, o, aunque en término está muy devaluado, de RSE). Puesto que el gobierno no ha aportado los indicadores fundamentales para orientar a las empresas sobre qué informar, aplicando el mandato de la Ley de Economía Sostenible y facilitando la labor del Consejo Estatal de RSE, se está produciendo gran confusión y disparidad de criterios e iniciativas (demasiados casos de 'lavado verde' y de otros colores).

En relación a esto, ayer mencionamos como mal ejemplo, muy actual, de mal gobierno en el sector público en caso de de Acuameq. El digital Bez nos lo explica en este artículo: Acuamed, como síntoma. O el mal gobierno de las empresas públicas.

Un nuevo artículo de Paco Cervera sobre el debate sobre el cambio necesario en la aplicación real de Responsabilidad Social de las empresas: Esa otra RSE (¿Truco o trato? Gracias por la mención)

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