La directiva también puede suponer un cambio transcendental para la participación de los representantes de los trabajadores en la empresa, en relación a los derechos de información y consulta, y por ende, en el futuro de la democracia. Con la entrada en vigor de la Directiva, los informes sociales (de RSE o cualquier otra denominación) se convierten en obligatorios. Hasta ahora, estos informes ha sido sobre todo instrumentos de relaciones públicas. La directiva afectará, y tal vez estructurará significativamente, el diálogo social en las empresas afectadas, abriendo un nuevo capítulo de las relaciones de trabajo en Europa.

Hasta ahora, las memorias de RSE (Información no financiera) han sido la mayoría instrumentos de publicidad o de defensa de reputación y marca. O, dada la crisis de credibilidad existente, no se ha valorado la existencia de indicadores y datos de interés.

Por ejemplo, hasta ahora, para la RSE, los trabajadores de las cadenas productivas son prácticamente invisibles: call centers, empresas multiservicios, falsos autónomos, camareras de pisos, nuevas realidades del mundo del trabajo (muy ligada a los abusos relacionados con la economía colaborativa). Mucho más cuando se externaliza en países que ni han ratificado las Normas de la OIT (Ver artículo). Y qué decir de calidad de empleo, o riesgos psicosociales, o, sobre todo, desigualdad salarial (que no ha parado de aumentar durante la crisis y que tiene mucho que ver con su origen -la crisis de los incentivos perversos-)

La Directiva indica que las empresas que estén obligadas a preparar un estado no financiero deben incluir :