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El gobierno impulsa la privatización de las Cajas de Ahorros a largo plazo.
CAJA BADAJOZ. MENU DEL DIA : REFORMA DE LA LORCA
Un modelo que toca a su fin. Arrivederci Cajas.
El Gobierno ha sentado las bases para que, en el largo plazo, las cajas de ahorros puedan convertirse en sociedades anónimas y acaben en manos del capital privado. No obstante, ese sólo es el fin del camino. A diferencia de lo que ocurrió en Italia en los años noventa, las cajas de ahorros no se van a ver abocadas irremediablemente a convertirse en bancos. El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca), mediante la cual quiere mejorar las fórmulas de acceso al capital de estas entidades y despolitizar sus órganos de gobierno. Es una reforma que viene, fundamentalmente, motivada por las dificultades que han atravesado las cajas en la crisis financiera y los nuevos requerimientos de más y mejor capital de la próxima regulación financiera internacional, ya que el modelo de cajas tradicional estaba agotado.
Uno de los aspectos en los que avanza la reforma es en la limitación del peso de las administraciones públicas en los órganos de gobierno de las cajas. Se limita al40%el total de derechos de voto que el sector público puede tener en la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control de una caja, frente al 50%actual. Además, los cargos políticos electos no podrán ser miembros de estos órganos de gobierno. Según indicó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, los parlamentos de las Comunidades Autónomas tendrán capacidad para designar a sus representantes en las cajas, pero teniendo en cuenta las nuevas restricciones.
Adicionalmente, se extienden los requisitos de profesionalidad y experiencia a la mitad del consejo, algo que hasta ahora sólo era indispensable para el director general. Las entidades cuentan con tres años para adaptar sus órganos de gobierno a estos cambios. En cuanto a la nueva estructura corporativa de las entidades, la reforma de la ley propone cuatro caminos fundamentales.
El primero será mantenerse como hasta ahora, con la posibilidad de reforzar su capital con cuotas participativas, con derechos políticos (iguales a las acciones) o sin ellos. La emisión de estos títulos estará limitada al 50% del patrimonio de la caja. Los expertos consultados dudan del atractivo que pueden tener para los inversores estas cuotas en el actual contexto. La segunda vía planteada por el Ejecutivo es la integración de las cajas en un Sistema Institucional de Protección (SIP), opción por la que ya se han decantado 22 de las 45 cajas existentes antes de la reestructuración. En este caso, hay dos posibilidades. La sociedad central del SIP será un banco, del que las cajas deberán mantener al menos un 50% de su capital para poder mantener su actual estatus jurídico. Si perdiesen esta mayoría de control, se convertirán en fundaciones, cediendo su actividad financiera por completo al banco central.
La tercera vía y cuarta vía se asemejan a los caminos que tienen las cajas que conforman un SIP. En un primer paso, las cajas que aún se mantienen independientes pueden crear un banco, al que ceden su negocio bancario y mantener la gestión de la cartera de participadas y la obra social. Esta situación se mantiene mientras la caja controle la mayoría de capital del banco. Si la pierde, pasaría a convertirse en una fundación. Los bancos que surjan de este cambio normativo estarán bajo la tutela del Banco de España y el Ministerio de Economía, lo que supone una pérdida de competencias en materia financiera de las Comunidades Autónomas.
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