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El Gobierno quiere sacrificar a las mutuas para pagar la reforma laboral

Sobran las críticas y falta tiempo para acordar una reforma laboral a gusto de todos. El Gobierno es consciente de que se acabó el tiempo de jugar a las negociaciones. La presión pública aumenta y hay que zanjar de una vez el diálogo social.

Desde esta perspectiva, Trabajo tiene puesta la mirada sobre las mutuas de accidentes laborales, llamadas a convertirse en la cabeza de turco de la reforma en ciernes. El Departamento de Corbacho quiere cerrarles el grifo de las cotizaciones sociales de las que actualmente se nutren para cubrir la asistencia sanitaria (bajas médicas, fundamentalmente) de más de 13 millones de trabajadores.

El Ejecutivo descubrió parte de sus intenciones en el documento sobre la revisión del Pacto de Toledo del 29 de enero. En ese texto, apuntaba ya a la necesidad de reflexionar sobre “si deben ser las cotizaciones sociales las que sigan soportando la financiación de la asistencia [que prestan las mutuas de accidentes de trabajo] , o si debemos transitar hacia un modelo basado en impuestos o mixto”. Pues bien, esta semilla, entonces desapercibida, ha comenzado a echar raíces.

Corbacho está dispuesto a rebajar en torno a medio punto las cuotas por contingencias profesionales, lo que supone un ahorro de 350 millones, según ha calculado el sector. Los sindicatos, claramente reacios a la medida, obtendrían a cambio el privilegio de tener un sillón en los consejos de administración de cada una de las treinta mutuas en activo. Todo un caramelo.

Y de la teoría a la acción. Trabajo aprobó en marzo una resolución, a cuyo contenido completo ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que avisa del recorte de 251,7 millones de euros entre los centros dependientes de la secretaría de la Seguridad Social –fundamentalmente las mutuas–, bajo el pretexto de “medidas de austeridad” (ver apoyo). La cantidad es similar, casualmente, al colchón financiero que aspira a rascar el Ejecutivo con la rebaja de cuotas.

Este último gesto ha sido la puntilla para poner en pie a las mutuas, que llevan semanas sospechando la estrategia. De hecho, han remitido un informe a la Administración para intentar frenar la pirueta.

Además, y para sorpresa de todos los grupos, esta trama se negocia también en la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Casualidad? No tanto, ya que el giro que planea el Ejecutivo también afectaría –mejor dicho beneficiaría– a la Seguridad Social. Y es que el Ejecutivo plantea que “una parte de las actuales reservas” de las mutuas –valoradas en 3.000 millones– financien “en un periodo de transición amplio” los servicios que ahora prestan, hasta que su control pase gradualmente a los sistemas de salud autonómicos.

Otro “destino natural” de esta partida sería la llamada hucha de las pensiones, que alcanza 60.000 millones. A finales de 2010 el 90% de este fondo estará invertido en deuda pública nacional.

La idea ‘multiuso’

1. El Ejecutivo está dispuesto a recortar 0,5 puntos las cuotas por contingencias profesionales –lo que ahorraría 350 millones al sector privado– , a cambio de que los sindicatos entren en los Consejos de las mutuas.

2. Dotadas de menos presupuesto, el Gobierno habría allanado así el terreno para trasladar los servicios que prestan las mutuas (principalmente gestionan altas y bajas médicas) a los servicios de salud autonómicos.

3. El guión también deja abierta la puerta a usar las reservas que han ido acumulando las mutuas (3.000 millones) para abonar la hucha de las pensiones, cuyos recursos están invertidos en un 90% en deuda pública.
Un reglamento, una intención

La reforma laboral va cogiendo cuerpo. Como adelantó este diario el 15 de abril, el Ejecutivo ha empezado a negociar la idea de allanar los requisitos para usar el contrato por despido objetivo –con un coste de indemnización de 20 días–, a cambio de cargar al Fogasa –que vive gracias a las cuotas empresariales– parte de las indemnizaciones por despido.

Para hacer más atractiva la oferta, Moncloa dejó la puerta abierta a rebajar las cotizaciones que pagan las sociedades. Lo que faltaba entonces por detectar era qué epígrafe se tocaría. Pues bien, el capítulo que Trabajo planea recortar es el de las cuotas por contingencias profesionales, de las que se nutren las mutuas para gestionar las altas y las bajas médicas de buena parte de los trabajadores.

En este sentido, el pasado 11 de marzo, la secretaría de Estado de la Seguridad Social aprobó una resolución que limita su actuación. En concreto, les prohíbe “la apertura de nuevas delegaciones o instalaciones”, y les obliga a “suprimir los gastos de publicidad y promoción”, unas reglas restrictivas que han sorprendido por su dureza. Con esta política, justificada como una estrategia de austeridad, Trabajo pretende obtener un colchón extra de “251.772,04 miles de euros”. Esta cantidad equivale al recorte de cuotas sociales (de medio punto) con el que el Ejecutivo pretende atraer a CEOE.

Expansión.

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