CCOO y UGT denuncian la apuesta patronal por la precarización laboral de las personas que trabajan en el sector de Acción e Intervención Social

Archivado en Nota de prensa, Negociacion Colectiva

CCOO y UGT denuncian la apuesta patronal por la precarización laboral de las personas que trabajan en el sector de Acción e Intervención Social

CCOO y UGT no van a consentir el deterioro de las condiciones de trabajo y salarial de las personas, que al servicio de las entidades, empresas, y ONGs del sector, desarrollan su actividad profesional. Por tanto en el incremento salarial pendiente para 2017 del primer convenio y en la negociación a partir de 2018, UGT y CCOO darán la batalla sin descartar movilizaciones.

El primer convenio estatal para el sector de la Acción e Intervención Social firmado en el 2015 supuso un hito para la regulación de condiciones de trabajo en el sector, tras la ausencia de regulación previa estatal. La firma fue el último acto de buena fe patronal, pero durante el convenio ha habido serias dificultades de aplicación del mismo, así como la subida salarial posteriormente pactada en el 2016 que, ante la intransigencia patronal no cubrió el poder adquisitivo.

Dicho convenio que finalizaba en 2017 y proseguirá hasta la firma del siguiente, tiene pendiente cerrar la subida salarial del 2017 y afrontar la negociación del 2018. Y a ojos de CCOO y UGT, la parte patronal, que representa a entidades, empresas y ONGs del sector de la Acción e Intervención Social, no quiere facilitar la actualización del convenio y de las retribuciones de las personas trabajadoras que desarrollan para ellas su actividad profesional.

Desde septiembre de 2017 ha sido imposible el cierre de la subida definitiva del año 2017 que en ausencia de AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) al que se referenciaba, debía ser negociada por la Comisión Paritaria del Convenio partiendo del mínimo del 1% garantizado en dicho convenio desde el 1 de enero de 2017. Las patronales son OEIS y AEEISSS (Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social y Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales; conformadas por entidades como ACCEM, Cáritas, Cruz Roja, Médicos sin fronteras, INTRESS, etc.)

Las patronales ni siquiera fueron capaces de admitir en el transcurso de la negociación un 0,1% adicional que garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo en 2017. Tras diversas reuniones la patronal mantuvo posición de fuerza no queriendo dar más allá del 1% ya garantizado. La patronal pretendía cerrar 2017 con el 1%, ofreciendo sólo el 1% nuevamente para 2018 en la mesa de negociación del nuevo convenio y tras haber perdido en 2016 un 0,6% de poder adquisitivo al quedar la subida también en un 1%.

Tras una negociación infructuosa y bloqueada, UGT y CCOO solicitaron mediación en el SIMA respecto de la subida del 2017 pero ya con intención de recuperar el poder adquisitivo perdido, que por responsabilibilidad en época de crisis los sindicatos admitieron en 2016 por dar viabilidad al convenio y ante una contratación pública deteriorada.

En esta situación UGT y CCOO requieren a la patronal a un acuerdo en el que se garantice el IPC de 2017, un acuerdo inicial y parcial de negociación de incremento para 2018 que garantice la no pérdida de poder adquisitivo y el compromiso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el 2016. El escenario macroeconómico y la revalorización de los servicios públicos que permite la nueva ley de contratos del sector público, así como las mejoras salariales y de condiciones de empleo en el ámbito público para el que trabajan estas entidades bajo licitación o subvención, obligan a exigir la dignificación del sector y las condiciones de las personas trabajadoras.

Este acuerdo debe alcanzarse con urgencia. Si no existe un gesto positivo por las patronales, CCOO y UGT movilizarán al sector en el marco de las movilizaciones generales y crecientes que las confederaciones de UGT y CCOO acometerán para exigir, ahora ya si toca, incrementar los salarios por encima del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones de trabajo. Tampoco se descartan actuaciones en otros órdenes como el Jurisdiccional, Inspecciones de Trabajo y otros, con las herramientas que ambas organizaciones sindicales consideren oportunas.