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CCOO Asepeyo
Crisis, desempleo y mercado de trabajo
Nuevas relaciones laborales. Con el drama del paro a punto de desbordar lo razonable, son cada vez más las voces que reclaman una revisión profunda de la legislación laboral. Y en especial del despido colectivo, el ERE, convertido en símbolo de la crisis. Parece llegada la hora de sentarse a negociar en serio
Ramón Górriz.
Tribuna ¿Se debe revisar la legislación laboral?
23-02-2009 - La actual crisis económica está teniendo unos efectos devastadores en el empleo. Este ritmo inusitado de los despidos no se corresponde con las críticas de la patronal a un mercado rígido y poco flexible. Desde finales de 2006, el sector privado ha despedido a más de un millón de trabajadores temporales, además de utilizar los despidos, tanto individuales como colectivos, por causas objetivas para abaratar el coste del despido de los trabajadores indefinidos.
Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se multiplicaron por tres en el último año y provienen fundamentalmente de la industria metalúrgica y la fabricación de automóviles, así como de la construcción. Este tipo de despidos permite al empresario, siempre que la empresa se encuentre en situación de dificultad, despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado, cumpliendo unos requisitos formales de información y negociación con los representantes de los trabajadores. El procedimiento se ajusta a la Directiva 98/59 de la UE, por lo que, a pesar de la queja empresarial, la rigidez del mercado de trabajo no parece ser ningún obstáculo.
De hecho, la forma más habitual de despedir a los trabajadores con contrato indefinido es el despido individual, donde a pesar de declararse improcedente por un juez, el trabajador no recupera su puesto de trabajo, sólo consigue la indemnización máxima según contrato. En el año 2005, cuando se registraba el ritmo más alto de creación de empleo en España, más de 130.000 trabajadores tuvieron que acudir a la mediación por despido individual.
Así el despido colectivo es el que presenta unas mayores garantías, ya que exige cumplir con unas causas que si no se dan no se produce el despido, además de obligar a un periodo de formación y negociación tras el cual la autoridad laboral autoriza o deniega los despidos.
La participación de CC OO en la negociación de los ERE se marca varios objetivos: primero, exigir que la situación de dificultad económica y financiera de la empresa sea real. Después, que los trabajadores afectados sean los menos posibles y que las medidas sean las menos traumáticas. Y por último, que se asegure la viabilidad futura de la empresa para garantizar el resto de empleos. Con este criterio, en 2008, el 73% de los trabajadores afectados por un ERE no es por despido, sino por medidas parciales (suspensión temporal o reducción de jornada).
Sin embargo, en los últimos años hemos sufrido expedientes en los que las empresas sugieren beneficios decrecientes (como si se pudieran incrementar ilimitadamente los beneficios), causas organizativas como cierre y subcontratación de segmentos de la actividad, argumentando el ahorro de costes, traslados de parte de la producción a otros países con mano de obra más barata, o a la casa matriz por dificultades de ésta. Y estos despidos se conjugaban con incrementos salariales desproporcionados de alta dirección o de sustancial reparto de dividendos en el consejo de administración. Es necesario arbitrar medidas orientadas a limitar el reparto de dividendos, y así lograr la capitalización de las empresas para, tras una medida traumática, afrontar mejor el futuro.
Pero desde el inicio de esta crisis, las razones alegadas para presentar un ERE han cambiado de causas organizativas a causas económicas por 'problemas de tesorería o financiación' y 'restricción, demanda y rescisión de contratos'. La conclusión es evidente, la economía española necesita de medidas que restituyan la solvencia del sistema financiero para que las empresas accedan al crédito y es imprescindible mantener el poder adquisitivo de los trabajadores para mantener la demanda, tanto a través de los salarios como de las prestaciones sociales de los trabajadores desempleados.
Ramón Górriz. Secretario de Acción Sindical de la Confederación Sindical de CCOO
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