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EL GOBIERNO QUIERE CERRAR PAGINAS WEB SIN MANDAMIENTO JUDICIAL

Las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor exigen ser instituidas como 'censores' de la Sociedad de la Informaci贸n


Internautas y juristas tratando de proteger el derecho a la libertad de expresi贸n y el respeto de las garant铆as constitucionales tambi茅n para la Red, mientras las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor exigen ser instituidas como "censores" de la Sociedad de la Informaci贸n.


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10-01-2007 - En respuesta a la consulta p煤blica planteada por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n (CATSI), sobre el borrador del Anteproyecto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci贸n (para la reforma de la LSSI), el pasado mes de septiembre las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor presentaron sus alegaciones tratando de impulsar la Sociedad de la Informaci贸n, y en resumen, exigen capacidad y criterio propio para controlar y censurar p谩ginas web.

El listado de propuestas al legislador, comienza sugiriendo que el art铆culo 8 de la LSSI no limite la asignaci贸n de competencias a los 贸rganos administrativos, sino que se haga una referencia m谩s amplia utilizando el concepto de "贸rgano competente" para la adopci贸n de restricciones a las prestaciones de servicios intracomunitarias. Esto, ciertamente es conciliador, pues remite a competencias ya asignadas con anterioridad y sobre las que en principio no cabr铆a discusi贸n. Ahora bien, la propia indeterminaci贸n de este concepto provoca cierta desconfianza sobre sus bondades, y as铆, las siguientes propuestas del texto vienen a confirmar una vez m谩s que las ideas de las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor para "mejorar" la LSSI, en realidad lo son para incrementar sus competencias, en este caso para potenciar vigilancia y control sobre la Sociedad de la Informaci贸n. Seg煤n sus planteamientos, la LSSI debe recoger expresamente que tambi茅n ellos son parte de los "贸rganos competentes" para adoptar medidas restrictivas, pretenden que los medios propios de polic铆a, administraci贸n y justicia, se pongan sin trabas a su alcance y arbitrio, aunque eso s铆, s贸lo cuando se trate de actuar para la protecci贸n de los derechos de propiedad intelectual. Pretenden fiscalizar libremente las p谩ginas web, sobre todo si facilitan los intercambios P2P, cercenando la libertad de expresi贸n sin orden judicial, pero, 驴qu茅 ser谩 lo siguiente? 驴Interceptar las comunicaciones? No hay que olvidar que el P2P tan s贸lo es un sistema de comunicaci贸n, de intercambio de datos, protegido por otro derecho fundamental de igual entidad que la libertad de expresi贸n, es el derecho al secreto de las comunicaciones

De imponerse este criterio, la LSSI estar铆a abriendo un entorno de ciencia ficci贸n dif铆cil de superar, porque hoy por hoy entendemos que, en lo que respecta a las leyes y su aplicaci贸n por la justicia (sea en Internet sea fuera de ella), resulta muy complicado encajar que alguien pueda "tomarse la justicia por su mano" sin necesidad de acudir a un juez. Esta deducci贸n podr铆a parecer precipitada por lo absurdo de sus consecuencias en un Estado constitucional y democr谩tico, pero no, realmente cada una de las propuestas planteadas contin煤a esta l铆nea de pensamiento y confirma lo anterior predisponiendo adem谩s la gravedad de sus efectos.

Para lograr sus objetivos las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor, proponen en general un procedimiento 谩gil y efectivo de "notificaci贸n y retirada" de contenidos, por el que los leg铆timos titulares de los derechos de propiedad intelectual (o en su caso, sus legales representantes) puedan ponerse en contacto con los prestadores de servicios para impedir la vulneraci贸n de sus derechos, bastando comunicarlo sin m谩s, sin necesidad de que un 贸rgano jurisdiccional haya declarado previamente su ilicitud. Es decir, dos m谩s dos son cuatro y esto significa que quieren que cuando un 贸rgano competente en la protecci贸n de los derechos de autor, conozca, o le comunique el propio afectado, la existencia contenidos il铆citos (civiles o penales) en la Red, pueda inmediatamente ordenar su suspensi贸n, bloqueo o secuestro sin necesidad de poner en marcha la engorrosa y lenta actividad judicial.

Justifican su "razonamiento" se帽alando que lo principal para detectar y combatir il铆citos en Internet es la premura. As铆, aceptan que deba darse la circunstancia de que el prestador de servicios tenga conocimiento "efectivo" de que existen los contenidos, pero menosprecian la segunda parte, el conocimiento de su ilicitud y la procedencia de retirarlos, y la dejan directamente al "buen criterio" del supuesto afectado. Explican que cuando se tenga conocimiento "suficiente" de hechos que indiquen "claramente" la existencia de una infracci贸n, se debe actuar con prontitud para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Este sistema ser铆a sin duda muy r谩pido, tanto, que llevarlo a cabo implicar铆a la imposibilidad de armonizar el t茅rmino "prontitud" con "conocimiento suficiente" y "hechos que indiquen claramente", sobre todo si tenemos en cuenta que no habr谩 un juez para decidir, y estimar si en su caso es o no proporcionado violar el derecho fundamental a la libertad de expresi贸n.

Deber铆a preocuparnos ver c贸mo estas "sugerencias legislativas" descentran el sentido 茅tico de la proporcionalidad, para ceder ante las presiones de determinados intereses m谩s propios del antiguo r茅gimen (en concreto para la represi贸n de la libertad de expresi贸n) que del actual.

Quieren convencernos - al legislador- de que los derechos de autor son un mundo aparte, una realidad distinta y preferente que requiere especiales cuidados m谩s all谩 de lo constitucionalmente exigible y ponderable en relaci贸n con el resto de derechos con que convive. Y as铆 se manifiesta cuando tratan de incluirlos entre las situaciones de especial y espec铆fico tratamiento que destaca la Directiva 200/31/CE, relativa a determinados aspectos jur铆dicos de los servicios de la sociedad de la informaci贸n, en particular el comercio electr贸nico en el mercado interior, es decir, la protecci贸n de la juventud y los menores, la seguridad de Estado y defensa nacional, la salud p煤blica, la dignidad de la persona, etc.

A la vista de lo expuesto y de otros patrones de exigencias similares ya existentes, debemos hacer saltar la alarma, pues podr铆an multiplicarse degradantes situaciones como las que ya plantea nuestro C贸digo Penal, como por ejemplo, que sea m谩s protegido el derecho de autor que los derechos de los menores. Una somera comparativa entre los art铆culos 186 y 270 nos muestra que la sanci贸n penal prevista para el supuesto de una distribuci贸n de DVDs originales de pornograf铆a entre menores de edad, es inferior en un a帽o de prisi贸n, a la prevista para el supuesto de distribuir DVDs piratas (pongamos de la pel铆cula "Buscando a Nemo") al "lucrativo" precio de 5 c茅ntimos. 驴Qu茅 se protege y qui茅n impone los l铆mites?

Parece que para las Sociedades Gestoras de los Derechos de Autor en Espa帽a, todas las libertades y derechos que recoge la Constituci贸n son menores e incluso incompatibles con la protecci贸n de los derechos de propiedad intelectual, y obstaculizan su ejercicio, son especialmente molestos el derecho a la libertad de expresi贸n, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso justo.