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Contra la siniestralidad
SINIESTRALIDAD
España es el país con mayor número de accidentes laborales de la UE. De media, cada día pierden la vida por accidente en el trabajo tres trabajadores y unos 2.400 toman la baja. El enorme coste social de estos datos, su innegable perjuicio económico, y la constatación de que en otros países de la UE el problema es menor requieren la aplicación de medidas tan eficaces como urgentes.
El anunció realizado
ayer por el Ministerio de Justicia de que reformará 'en profundidad' el Código
Penal, para endurecer las penas y sanciones por delitos en materia de
siniestralidad laboral, debe ser recibido positivamente, como un paso más en
esta lucha. El Gobierno tiene la responsabilidad de arbitrar todos los medios
para combatir una grave situación, que parece presentar un preocupante
componente endémico.
La atención que la Fiscalía General del Estado está dedicando al problema camina
igualmente en la buena dirección. Y es destacable su advertencia, reiterada
ayer, en el sentido de que las altas tasas de siniestralidad en España 'hunden
sus raíces en el insatisfactorio cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales'. Es decir, las leyes existen, pero no se cumplen siempre. Y
siguen existiendo demasiados centros de trabajo en los que los operarios deben
asumir cada día una situación laboral de peligro inaceptable.
La labor de los poderes públicos es aquí absolutamente imprescindible. Pero
quedará muy disminuida sin la colaboración intensa de las empresas, de los
sindicatos y, lo más importante, del grueso de los trabajadores. Sin una
concienciación para el cumplimiento de las normas de seguridad, todo esfuerzo
será estéril. No sobrarán nuevas medidas que sancionen severamente las conductas
infractoras, pero las ventajas que aporta la acción preventiva son superiores, y
es hacia dónde deben dirigirse los mayores esfuerzos.
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