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Garantizar el derecho a una atención de calidad a las personas consumidoras junto con los derechos laborales en las empresas que los prestan
El Consejo Económico y Social ha hecho público hoy el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela impulsado por el Ministerio de Consumo.
El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado hoy en su sesión plenaria el dictamen acerca del Anteproyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela. En sus observaciones, el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral ha alertado de la necesidad de garantizar al mismo tiempo el derecho a una atención de calidad para los consumidores y a su vez, la protección de los derechos laborales de las plantillas de las empresas que los prestan.
Así, el CES ha señalado las repercusiones en el terreno laboral, tanto desde la perspectiva de los derechos de las personas trabajadoras que llevan a cabo la prestación de los servicios que regula el Anteproyecto, como desde el punto de vista de las nuevas obligaciones, que se pueden generar para las empresas en este ámbito.
El dictamen aprobado recuerda al gobierno la necesidad de concretar en la norma aspectos “excesivamente indefinidos que pueden afectar a condiciones de trabajo como las garantías del derecho a la intimidad y la protección de datos de las personas trabajadoras”. Asimismo, reclama “que se resuelvan adecuadamente la ambigüedad con la que se ha realizado los elementos relacionados con la formación y capacitación del personal que preste la atención especializada a la clientela o los sistemas de supervisión de la calidad en relación con la evaluación del desempeño”.
Con respecto a estos últimos aspectos, el CES llama particularmente la atención sobre las consecuencias que pueden derivarse de una evaluación basada en variables automatizadas o a través de sistemas de inteligencia artificial que, en todo caso, deberían responder a criterios de transparencia en cuanto a sus parámetros de funcionamiento.
Por todo ello, desde CCOO han reclamado al Gobierno que recoja las alegaciones que desde CCOO se han presentado al anteproyecto para que sean incorporadas antes de la remisión del texto al Congreso para su tramitación parlamentaria.
