Un juzgado de Bilbao reconoce la primera incapacidad absoluta en España a una víctima de acoso laboral

SALUD LABORAL

La sentencia, que se encuentra recurrida, decreta que el trabajador, empleado de la empresa Carrocerías Hirurok, S.L. de Abadiño (Vizcaya), percibirá el 100% de su salario al estar imposibilitado para desarrollar actividad profesional alguna.

El Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao ha concedido "por primera vez en el Estado español" la incapacidad permanente absoluta a un trabajador víctima de acoso laboral, según informó hoy LAB. La sentencia, que se encuentra recurrida, decreta que el trabajador, de iniciales A.S.R., y empleado de la empresa Carrocerías Hirurok, S.L. de Abadiño (Vizcaya), percibirá el 100% de su salario al estar imposibilitado para desarrollar actividad profesional alguna.

La abogada de LAB y representante del demandante, Ohiane Mallagaray, dio a conocer hoy en rueda de prensa el contenido del fallo. Este indica que "debido al frenético ritmo laboral impuesto durante muchos años" y "los conflictos y problemas sufridos por la sobreactividad laboral impuesta", A.S.R. "tuvo un primer episodio de crisis de angustia en 1994".

A partir de esa fecha, según la sentencia, el ex empleado de Carrocerías Hirurok padeció otros episodios depresivos y fue sometido a tratamiento psicológico y "terapia electroconvulsiva sin resultados satisfactorios".

En la actualidad, continúa la resolución, A.S.R. es "un hombre derrotado y angustiado", que "tiende al llanto" y padece "sentimientos de inutilidad, desamparo e impotencia". Además, duerme poco, sufre pesadillas y padece "un retraimiento social grave, al punto de que pasa casi todo el día recluido y encamado". Producto de la falta de apetito, ha adelgazado 21 kilos. La sentencia, que se remite a "la exploración actual" de la víctima, afirma también que ésta "verbaliza continuamente deseos de morir" y relata "detalladamente planes específicos de suicidio".

Además de contra la empresa, la demanda fue interpuesta contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social y la Mutua Fremap. El fallo, que se encuentra recurrido, decreta que A.S.R. deberá recibir una pensión vitalicia de 2.124,65 euros (el 100% de su base reguladora) que deberá pagar la Mutua Fremap.

Ohiane Mallagaray informó de que presentará una nueva demanda para reclamar daños y perjuicios a la empresa, de la que aseguró que no ha adoptado ninguna medida para que no se vuelva a repetir la situación padecida por A.S.R.

Europa Press

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