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Muerte en el tajo: accidente u homicidio
SINIESTRALIDAD LABORAL
Los empresarios son los responsables legales de la organización del trabajo en la empresa. Son los únicos responsables de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las medidas de prevención para cada puesto de trabajo
Ha causado revuelo que los sindicatos exijamos que cada accidente laboral con resultado de muerte tenga un tratamiento similar al de un homicidio. Algo tenemos que haber explicado mal cuando algunos todavía consideran que los accidentes son fortuitos; que algunos empresarios incumplen las leyes, pero que muchos trabajadores no utilizan los medios para prevenir los accidentes y provocan las muertes
Hay que volver a reiterar que los empresarios son los responsables legales de la organización del trabajo en la empresa. Son los únicos responsables de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las medidas de prevención para cada puesto de trabajo. Son los responsables de que sus empleados trabajen utilizando los medios y recursos de prevención de riesgos. Por eso, cuando se produce un accidente laboral las responsabilidades civiles o penales corresponden en exclusiva al empresario. Nunca el trabajador es responsable civil o penal del accidente que sufre. El accidente laboral es desde este punto de vista siempre un presunto delito.
Imaginemos, por un momento, que ante un asesinato en la calle o en un domicilio. Ante un conductor que atropella a un peatón o a muchos peatones. Ante un asesino que dispara a bocajarro y provoca decenas de muertes en un campus universitario, no se acordonase el lugar de los hechos, no se preservasen las prueban, no se tomase declaración a los testigos, no se levantase acta de lo ocurrido. Pues bien, esto es lo que ocurre con frecuencia en muchas muertes por accidente laboral. Cuando desde el sindicato intentamos delimitar responsabilidades ante los juzgados para obtener reparación para las víctimas y castigo para los culpables, comprobamos que es muy difícil porque las pruebas han desaparecido, no existen testigos o el inspector no pudo levantar acta en el momento del accidente. Además de que las responsabilidades empresariales se diluyen en una cadena de contratas y subcontratas, con lo cual difícilmente alcanzan a los primeros responsables de la empresa.
CC.OO. va a conmemorar el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo con una manifestación el próximo 27 de abril, en la que reivindicaremos la creación de ámbitos estables de cooperación de la Administración de Justicia, la Inspección de Trabajo, la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos, empresarios y sindicatos, para promover protocolos de actuación conjuntos que permitan delimitar las responsabilidades civiles y penales de los empresarios que provocan accidentes por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
CC.OO. y UGT nos hemos reunidos estos días con la Delegación del Gobierno y con la Fiscalía, que han contraído el compromiso de impulsar este acuerdo general. Ahora falta el compromiso del Gobierno regional en dos campos: trabajar lealmente para conseguir una mayor colaboración entre instituciones y poner en marcha el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales para 2007, que sigue paralizado perdiendo unos meses preciosos para que empresarios y sindicatos podamos trabajar en la prevención de los accidentes.
En lo que va de año llevamos 44 muertes por accidente laboral. Si la tendencia se confirmase llegaríamos a 176 muertes a finales de 2007, 8 más que en 2006. El Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales contribuye al menos a contener el crecimiento de la siniestralidad. Sus efectos se diluyen si durante el inicio del año el plan no funciona.
Por último, merece la pena saludar que el día 19 de abril haya entrado en vigor la Ley de Regulación de la Subcontratación en el sector de la Construcción, gracias a la tenacidad y esfuerzo de la Federación de Construcción de CC.OO. (FECOMA), que ha seguido adelante sin desanimarse por el hecho de que la Iniciativa Legislativa Popular que impulsaron, recogiendo más de 600.000 firmas, fuera laminada por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento durante la legislatura anterior.
Los trabajadores asalariados de la construcción en Madrid son unos 323.000, un 11 por ciento del total de asalariados de la región. Sin embargo, soportan el 32 por ciento de las muertes por accidente laboral en lo que va de año.
Esta Ley, que se ha abierto camino gracias al apoyo mayoritario de las fuerzas progresistas del Congreso de los Diputados a la iniciativa de FECOMA-CC.OO., debe tener efectos inmediatos en una mayor coordinación de la prevención de riesgos laborales en las empresas y debe permitir una persecución ágil y eficaz de cuantos empresarios, incumpliendo la ley, provocan accidentes, cometen un homicidio, al menos por imprudencia, incurren en un delito laboral, al menos el tipificado como delito de riesgo, aunque no se llegue a producir el accidente.
Empresarios y Gobierno regional no pueden convertirse en torpederos que impidan la coordinación entre administraciones, empresarios y sindicatos mediante un acuerdo general en el que estemos todas las partes. Deben apostar por la aplicación inmediata de la ley de regulación de la actividad de contratas y subcontratas.
El Gobierno regional debe poner en marcha el Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales 2007 porque la vida y la salud de los trabajadores no es moneda de cambio en campañas electorales ni fidelidades partidistas.
Javier López, secretario general de CC.OO. de Madrid
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