La defensa de los derechos humanos en el mundo

Las movilizaciones convocadas por CC.OO. y UGT para este 1º de Mayo son una buena ocasión para recordar que en amplias zonas del mundo todavía es necesario luchar por el reconocimiento de los más básicos derechos humanos; que sigue siendo imprescindible el compromiso solidario con los pueblos que luchan por salir de la pobreza extrema que, en no pocas ocasiones, convive con la ausencia de libertad o tiene su origen en ella; que es necesario amplificar el eco de las voces que reclaman una paz justa y duradera a escala internacional.

La lucha por la paz es, en el mundo actual, una premisa necesaria para el reforzamiento de los derechos humanos. No hay interés territorial, económico o convicción del tipo que sea que justifique la existencia de lugares en los que los derechos más elementales sigan siendo vulnerados o puedan ser utilizados por fanatismos de cualquier condición para justificar el enfrentamiento entre países o culturas.

La respuesta del sindicalismo internacional ante los retos de la globalización

La dinámica impuesta por la globalización económica no se ve suficientemente contrarrestada por la generalización y el respeto de los derechos humanos y sociales básicos en todos los países, partiendo del más elemental derecho a una alimentación suficiente, combatiendo las hambrunas y carencias endémicas que persisten en diversas partes del mundo; el derecho a la salud a partir de la generalización de la asistencia sanitaria; la exigencia a los gobiernos e instituciones internacionales del cumplimiento del mandato derivado de los “Objetivos del Milenio de Naciones Unidas” de dar una educación de calidad a sus poblaciones, y particularmente la libre sindicación y el derecho de huelga.

Conscientes de la importancia de estos objetivos, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), preparan la celebración de un Congreso de fusión, que debe servir para reforzar la organización colectiva internacional de los trabajadores y trabajadoras. UGT y CC.OO. apoyamos de forma decidida este proceso, conscientes de la importancia que la coordinación de la acción sindical unitaria internacional tiene para la generalización de los derechos.

Mejorar la calidad del empleo y la cohesión social

Los riesgos para el empleo y la cohesión social no son privativos de los países menos desarrollados o las zonas económicas emergentes, en los que la tónica dominante es una escandalosa ausencia de libertades y derechos. La respuesta neoliberal a los retos derivados de una economía sin fronteras consiste en propiciar el recorte del marco de derechos laborales y sociales en los países que, como los de la UE-15, han basado su modelo político en la arquitectura del modelo social.

Las actuaciones concretas de los Gobiernos europeos están siendo reorientadas en clave nacional, alejándose progresivamente de los objetivos definidos en la Cumbre de Lisboa de “hacer de Europa la sociedad del conocimiento más competitiva del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social”

Esta dinámica es la que está provocando situaciones como la que en Francia ha derivado en un grave conflicto social, que ha enfrentado al Gobierno conservador de Villepin con la mayoría de la sociedad francesa que, de forma masiva, ha venido participando en las movilizaciones convocadas por los sindicatos y las organizaciones de estudiantes contra el contrato de primer empleo.

Recuperar el discurso europeo es vital para la idea misma de la Europa unida. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) viene reclamando, ante las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales, la necesidad de actuaciones decididas para restablecer la confianza de la ciudadanía europea en el proceso y las instituciones. Esto será posible desde la recuperación de los objetivos definidos en la Agenda de Política Social de la Unión Europea.

La CES reitera su compromiso con los objetivos de Lisboa para el desarrollo económico, social y medioambiental, compatibles con el reforzamiento del modelo social europeo; es decir, del derecho del trabajo y los sistemas de protección social y la extensión progresiva de sus beneficios a los países de la ampliación.

Este es el sentido de la oposición sindical al proyecto inicial de Directiva de Servicios (Bolkestein). CC.OO. y UGT saludamos que, después de casi dos años de movilización, el Parlamento Europeo se haya hecho eco de las principales propuestas sindicales, eliminando del proyecto el principio del “país de origen” como referencia para la aplicación de las normas laborales, excluyendo de su ámbito toda una serie de servicios de interés general y reconociendo la capacidad de los gobiernos nacionales para establecer regulaciones sobre los servicios que estarán afectados por la Directiva.

Igual contundencia han tenido que emplear las organizaciones sindicales para, junto a una mayoría del Parlamento Europeo, hacer frente a las tesis de la Comisión que proponía una revisión regresiva de la Directiva de Tiempo de Trabajo; este conflicto seguirá abierto hasta alcanzar un texto que concilie flexibilidad y seguridad en las condiciones de trabajo.

Es necesario seguir presionando a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas para que no se modifique en un sentido negativo lo aprobado por el Parlamento Europeo en relación con las reestructuraciones empresariales y la deslocalización, porque este creciente fenómeno no se puede afrontar con medidas que potencian el dumping social, sino creando nuevas condiciones para la competencia basadas en la mejora de la calidad de los bienes y servicios, el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico, la cualificación de las personas -en la línea de los Acuerdos alcanzados en España sobre Formación y Cualificación-, y la participación efectiva de los trabajadores a través de sus organizaciones. La próxima transposición, en nuestro país, de la Directiva comunitaria de Información y Consulta de la representación de los trabajadores y trabajadoras debería convertirse en una ocasión para hacer avanzar estos derechos.

Negociar para avanzar

La actual legislatura se inició con un ambicioso proyecto de Dialogo Social, abierto formalmente en La Moncloa con la Declaración suscrita, el 8 de julio de 2004, “Por la competitividad, el empleo estable y la cohesión social”.

En este último año se han establecido importantes acuerdos, con grandes potencialidades de desarrollo y que están llamados a jugar un papel determinante en la organización futura de la sociedad española.

Ley de atención a las personas dependientes

La tramitación parlamentaria del acuerdo por el que se reconoce el derecho a la asistencia sociosanitaria a las personas en situación de dependencia es un objetivo largamente impulsado por las organizaciones sindicales.

La futura ley debe reconocer un nuevo derecho universal de carácter subjetivo en España: el de las personas que no se pueden valer por sí solas a ser objeto de atención por el Estado, quien ha de garantizar un sistema de servicios y prestaciones, de carácter universal y público, equitativo en el acceso a las mismas y contando con la participación de todas las Administraciones del Estado. A partir de la configuración del Sistema Nacional de Dependencia, España avanzará en la línea de convergencia en materia de protección social con los países de nuestro entorno.

Ley de igualdad entre hombres y mujeres

El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó un Anteproyecto de Ley de Igualdad entre hombres y mujeres cuyos aspectos laborales fueron objeto de negociación con las organizaciones empresariales y los sindicatos. El desacuerdo entorno a esta materia, fundamentalmente a causa de la negativa de CEOE/CEPYME a establecer compromisos de negociación en las empresas de Planes de Igualdad, derivó en la toma de decisión del Gobierno tras una consulta formal a sindicatos y organizaciones empresariales.

El Anteproyecto recoge buena parte de las propuestas sindicales, que son, de consolidarse en el proceso de tramitación parlamentaria, una buena herramienta para impulsar, a través de la negociación colectiva, planes y medidas concretas tendentes a erradicar del ámbito laboral las prácticas discriminatorias.

El Anteproyecto del Gobierno tiene limitaciones (insuficiente duración del permiso de paternidad, entre otras…) que en el trámite parlamentario pueden ser corregidas. Conocidas son las reticencias de las cúpulas empresariales y aunque éstas tienen bastante de “sobreactuación”, conviene tenerlas presentes, apostando con decisión por aprovechar las potencialidades que se abren en las empresas y la sociedad para hacer desaparecer definitivamente toda forma de discriminación que se exprese en cualquier ámbito.

Empleo estable, seguro y con derechos

Un año más, la precariedad del mercado laboral sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro país, que permanece a la cabeza de la UE con el índice de temporalidad más alto, fenómeno que afecta de manera especial a mujeres y jóvenes, agravado con la incorporación masiva de la inmigración al mercado de trabajo.

Los empresarios españoles siguen haciendo uso de los contratos temporales de forma masiva y, en numerosos casos, abusiva. En nuestro país, los contratos temporales se utilizan cada vez más para mantener a los trabajadores en situación de precariedad durante periodos de tiempo extremadamente largos. Se trata, por tanto, de poner freno a las prácticas fraudulentas en materia de contratación laboral, asegurar una utilización responsable de la contratación temporal y conseguir una mejor regulación de las contratas y subcontratas.

Temporalidad es sinónimo de baja productividad, baja inversión tecnológica y alta siniestralidad laboral. Nuestro país sigue padeciendo altísimas tasas de accidentes laborales, que son consecuencia directa de un modelo productivo inaceptable, donde a la precariedad y la baja cualificación se suman los incumplimientos empresariales de la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El desempleo y la precariedad en los jóvenes es otro de los retos a superar. En nuestro país, casi el 90% de los contratos que se realizan a jóvenes son de carácter temporal y dos de cada tres menores de 25 años tiene este tipo de contrato; situación en la que se mantienen durante demasiados años, impidiendo su emancipación y la generación de expectativas de futuro. Igualmente, es necesario reforzar los esfuerzos para garantizar los derechos laborales a las personas inmigrantes y erradicar las prácticas explotadoras a que se ven sometidas.

UGT y CC.OO. venimos defendiendo, dentro del proceso actual de diálogo social y en la negociación colectiva, en particular con la renovación para 2006 del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, que la eliminación de la precariedad laboral es uno de los aspectos que hay que abordar de forma prioritaria si queremos mejorar el modelo productivo de nuestro país. No hay más elección que avanzar en la mejora de derechos que impulsen la estabilidad del empleo, en una etapa de crecimiento económico y de elevados beneficios empresariales (en 2005 crecieron a un ritmo del 9,1%, un punto y medio más que en 2004).

España precisa, cada vez más, de una mano de obra cualificada, formada permanentemente, que pueda afrontar unos cambios tecnológicos en constante evolución. Para ello, es necesario tener estabilidad en el empleo y una mayor participación de los trabajadores en las empresas donde desarrollan su actividad.

La apuesta por un nuevo modelo de crecimiento económico equilibrado y sostenible, constituye una condición necesaria para el crecimiento de la productividad, lo que resulta imprescindible para que la sociedad española alcance mayores niveles de desarrollo y de cohesión social. Se necesitan inversiones considerables en industrialización y en I+D que nos acerquen a los países de nuestro entorno, nos permitan competir en los sectores de mercado de mayor valor añadido, diversifiquen el crecimiento de la economía, actualmente muy dependiente de la construcción y los servicios, y eviten al tiempo la amenaza de las deslocalizaciones.

Por esto mismo, apostamos, en los procesos de negociación en marcha, por la consolidación y el desarrollo del sistema de protección social, particularmente en lo que tiene que ver con el sistema público de pensiones y la protección al desempleo, elementos ambos claves para el reforzamiento de la cohesión social.

CC.OO. y UGT mantenemos nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras para avanzar en la resolución de los problemas y la mejora de los derechos sociolaborales, aunando nuestras actuaciones y con la fuerza que nos otorga la confianza que mayoritariamente han depositado en los sindicatos.

UGT y CC.OO. trabajaremos para eliminar el drama social de muertes y sufrimientos que acompañan a las personas que emigran en condiciones de máximo riesgo desde los países africanos, así como la explotación ejercida por mafias en los procesos migratorios, apoyando actuaciones que faciliten la inmigración regularizada, el acceso a los derechos básicos y la lucha contra las redes de tráfico de personas.

VIVA EL 1º DE MAYO.