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Ante la reestructuración de Catalunya Banc: SENTIDO (común) y SENSIBILIDAD (social)
La gestión de la parte del sistema financiero español actualmente de capital público debe ser objeto de reflexión antes de dar los siguientes pasos. Hay que repensar (Europa también debe repensar) las soluciones arbitradas, porque lo que aquí se está gestionando son miles de millones de euros de recursos públicos, dinero de todos nosotros, y por tanto la gestión que se está haciendo de esos recursos de todos debe tener un sentido y será sin duda objeto de exigencia de responsabilidades.
Hasta ahora, el camino seguido por las entidades del FROB ha estado marcado por tropiezos y virajes que han ocasionado enormes pérdidas de empleo, han erosionado las condiciones de trabajo de las plantillas, están sacudiendo el país con las quitas anunciadas para los tenedores de híbridos, pero no han servido para proporcionar la estabilidad y fiabilidad que necesita nuestro sistema económico y financiero, ni el Crédito que necesita nuestra Economía.
Lo que sucede con cada una de las entidades y con el conjunto del sistema está siendo objeto de lecturas desde el exterior en clave de confianza hacia nuestro país. Estamos a tiempo de hacer una reflexión imprescindible de cara a abordar soluciones de futuro que no hagan saltar por los aires las propias estructuras sobre las que están basadas.
Si observamos las últimas cuentas de resultados e informes de gestión publicados correspondientes a estas entidades, encontramos que se trata de negocios con beneficios. En el caso de CX, por ejemplo, a pesar de trabajar con unos márgenes muy estrechos, el beneficio se elevaría por encima de los 200 millones de euros. Lo que genera pérdidas cuantiosísimas son el traspaso a la SAREB y las dotaciones extraordinarias.
Estas dotaciones extraordinarias de 1.250 millones de euros se hacen en previsión de las pérdidas por desinversiones que se ocasionarían como consecuencia del cumplimiento del plan de reestructuración acordado con Bruselas. Es decir, se prevé que CX se desprenderá de sucursales y partes del negocio en beneficios y no sólo renunciará a esos ingresos, sino que habrá cientos de millones de euros por pérdidas ocasionadas por desprenderse de esa parte de su negocio que era rentable!
Recordemos que estamos hablando de dinero público, dinero de todos nosotros.
Los planes de reestructuración publicados se basan en una poda de la estructura de las entidades que no tiene sentido desde el punto de vista de la gestión del negocio. Su aplicación impone pérdidas enormes a los clientes tenedores de productos híbridos, que los compraron creyendo que eran depósitos, y provoca una destrucción de empleo cuyas repercusiones económicas habría que calcular no sólo en el monto de las indemnizaciones, sino también en lo que supone en pago de prestaciones, en disminución de recaudaciones de impuestos, de cotizaciones y en descenso del consumo.
Pero es que la valoración por fuerza debe ir mucho más allá, no podemos obviar que estamos generando un problema que socialmente vamos a tener que asumir a corto plazo. ¿Qué pasará cuando se agoten las prestaciones? En un país con un ritmo de destrucción de ocupación como el nuestro, no podremos eludir hacernos cargo de la realidad de millones de personas y familias que se están viendo expulsadas del mercado de trabajo y no van a poder volver a entrar.
Es preciso comprender que una parte de esos recursos públicos deben destinarse a facilitar una solución de futuro también (y sobre todo) para las personas. No valdrán las soluciones si no son soluciones para todos.
Si tenemos unas entidades financieras que funcionan y que temporalmente están en manos del capital público, lo que debemos hacer es aprovecharlas, ponerlas en valor, potenciarlas como plataforma desde la que distribuir crédito a las empresas y las familias. No se entiende que pretendamos cercenarlas renunciando al negocio, perjudicando a pequeños ahorradores de todo el país y destruyendo ocupación, cuando podemos rentabilizar los recursos públicos invertidos utilizándolas para reactivar la economía.
Cada una de las entidades, cada uno de los pasos dados, cada una de las decisiones tomadas serán objeto de revisión y de exigencia de responsabilidad desde el punto de vista de la adecuada gestión de esos recursos que son nuestros y que tanta falta nos haría poder destinar a otras cosas.
Ni nuestro Gobierno ni Europa pueden realmente pretender que la solución a este problema suponga una masacre social absolutamente innecesaria, que desde el punto de vista de la gestión empresarial resulta absurda y desde el punto de vista político es inexplicable.
Si realmente se pretende eso, cosa que no creemos, debemos empezar a plantearnos que quizá el precio de este acuerdo es inasumible, porque el coste de esa operación está siendo ya niños que hoy no pueden comer en el colegio (ni en su casa), generaciones que no van a tener una formación al nivel de un estado avanzado y un país entero que no puede proporcionar a su población una atención médica digna, por poner sólo algunos ejemplos de cosas que pagamos con ese dinero de todos nosotros que se ha tenido que invertir en el sector financiero y que por tanto hay que hacer que sea socialmente rentable.
Se habían previsto escenarios que ahora vemos que no se han cumplido. Se habían planificado soluciones basándose en el diagnóstico de problemas que ahora vemos que son otros. Debemos releer el escenario y adaptar las soluciones a esta nueva realidad.
PD: El pasado sábado 6 de julio la plantilla de Catalunya Caixa y sus familias iniciamos movilizaciones para exigir una solución justa y socialmente responsable a la reestructuración de CX. Esta pelea no es sólo una más de las que están afrontando trabajadores y trabajadoras en defensa de su empleo, lo es del conjunto de la ciudadanía puesestá en juego que una cantidad ingente de recursos públicos revierta nuevamente a la sociedad.
Montserrat Delgado Pérez
Secretaria General de la Sección Sindical de COMFIA CCOO de Catalunya Caixa/ CatalunyaBanc
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