Archivado en Comunicados, Mujeres e Igualdad
Jose Maria Fidalgo y Carmen Bravo
Clausura de las Jornadas sobre planes de igualdad en las empresas
Las jornadas analizaron las medidas concretas a favor de la igualdad de mujeres y hombres en las empresas en el marco de la Negociación Colectiva y la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
En la jornada de tarde destacamos también la intervención de Ignacio Fernández Toxo, secretario de Acción Sindical, sobre la negociación colectiva y Planes de Igualdad en las empresas y la mesa de debate sobre la aplicación de de la Ley de Igualdad en las empresas, que moderó Ricardo Escudereo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alcalá de Henares, intervinieron Juan Luis Gorostidi, Director de RRLL del Grupo Santander; Dolores Estrada, Directora de RRLL de Repsol YPF, SA; Santiago Soler, secretario general de ADDECO y Antonio de los Moros, Asesor de la ANGED.
En la inauguración de las jornadas, Carmen Bravo pidió a los
poderes públicos garantías para erradicar de los convenios colectivos
las cláusulas discriminatorias para las mujeres, y llamó a introducir
un nuevo párrafo 6 al Artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, en
el que se obligue a las autoridades públicas encargadas del depósito y
registro de los convenios a velar por el respeto al principio de
igualdad de los convenios colectivos que pudieran contener
discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.
Hay que buscar el consenso y el acuerdo con los empresarios y el
Gobierno para procurar la mejora de nuestro sistema productivo con la
integración de las mujeres en el empleo, en igualdad de condiciones y
oportunidades con los varones, manifestó Carmen Bravo, tras constatar
la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en el
empleo, respecto de los varones: con cifras de desempleo que doblan a
las de los hombres; con un abusivo empleo a tiempo parcial no deseado
por las mujeres y que representa el 80% de los casi 2,4 millones de
personas ocupadas a tiempo parcial; con cifras de temporalidad
superiores al 30% o como en materia retributiva, donde se corre el
riesgo de consolidar una dualidad salarial porque las mujeres ocuparían
la parte inferior de la media.
Señaló también la secretaria confederal de la Mujer de CC.OO. que
las más afectadas por esta situación son las trabajadoras jóvenes que
se incorporar al empleo, pero también las más mayores que se
incorporaron hace muchos años de forma intermitente, con entradas y
salidas del empleo y tienen grandes dificultades para la plena
integración en el mercado laboral debido, entre otras causas, a las
dificultades de conciliar vida laboral y personal y la falta de
protección, cuando no de discriminación a la maternidad. Dificultades
persisten hoy como la conciliación entre vida profesional y familiar,
que sigue resolviéndose mayoritariamente por mujeres, muy lejos todavía
de esa corresponsabilidad que la LOIEMH pretende. Situación que hace
más necesaria si cabe, abordar decididamente la ordenación del tiempo
de trabajo para adaptarla al tiempo de vida, pero también la creación,
con el apoyo decidido de los poderes públicos, de servicios públicos y
privados para la acogida y atención de 0 a 3 años.
Carmen Bravo instó a mejorar sustancialmente el procedimiento de
control de la legalidad de los convenios colectivos y consideró que el
Art. 90.5 ET es manifiestamente ineficaz, por lo que los poderes
públicos han de promover la formación en materia de igualdad para que
los convenios colectivos no sean fuente normativa de lo contrario.
Señaló también que las diferentes fuentes estadísticas que tienen
relación con el empleo son manifiestamente insuficientes y no permiten
conocer datos relevantes del tratamiento de la igualdad de mujeres y
hombres en conciliación de la vida laboral, personal y familiar; en
medidas de promoción salarial; en el empleo, la formación o la
promoción; la clasificación profesional, las medidas de prevención y
protección frente a la violencia de género o la prevención del acoso
sexual o por razón de sexo.
El Gobierno ha de comprometerse buscando el consenso con los
agentes sociales en temas tan básicos como la formación para realizar
el diagnóstico y la evaluación, o cómo prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de género, porque las delegadas y delegados sindicales
no tienen conocimiento suficiente para poder colaborar con los
empresarios en estas tareas, como tampoco los propios empresarios. Este
es un tema de carácter reglamentario que el gobierno deberá abordar y
fijar desde donde se da esta formación, dijo la secretaria de la Mujer
de CC.OO., que terminó su intervención llamando la atención sobre otros
aspectos a tener en cuenta, como, cómo, dónde y desde qué momento se va
a evaluar la negociación colectiva que la Ley ordena. La Ley hace
importantes referencias a la necesidad y oportunidad del dialogo y la
concertación social entre los agentes sociales y el gobierno para
avanzar en la aplicación de la igualdad, y CC.OO. necesita saber cómo
se va articular y quién debe tomar la iniciativa, concluyó.
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