Arquivado en Comunicados, Socio Economico

CCOO propone crear una comisión de investigación congreso-senado sobre el sector financiero

CCOO exige rapidez y precisión para reestructurar el sector financiero de forma eficiente, transparente y justa, y que conlleve la determinación de las responsabilidades que corresponden en cada caso. 


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La escasez de crédito es un obstáculo determinante para reactivar la economía y el consumo. En España el crédito comercial a las empresas desde 2008 se ha reducido a la mitad, contribuyendo a destruir miles de empresas y puestos de trabajo.

En España la intervención ha sido tibia e inadecuada hasta 2012 (cuatro reformas que se han demostrado ineficaces hasta ahora). Finalmente el rescate y recapitalización del sector financiero, con cuatro años de retraso, hace la solución más costosa para afrontar las consecuencias del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria.

El sector financiero español se ha sobredimensionado en la última década, lo ha hecho a crédito, agravando la dependencia de financiación externa (el saldo vivo de cédulas hipotecarias es de más de 730.000 millones de euros, el doble de la existente en 2003). La gran concentración de préstamos hipotecarios y la obligada refinanciación de deuda con el exterior, agravan los efectos de la crisis y provoca el cierre y destrucción de miles de oficinas y puestos de trabajo, entre otras razones, por la desaparición del crédito al circulante de las empresas más pequeñas.

La necesaria aportación de recursos públicos, ante la insuficiente aportación privada, para capitalizar estas entidades, consume grandes cantidades de dinero público, de forma similar a como lo han hecho otros países, si bien antes que España, especialmente EEUU y Europa (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,…), y probablemente algunos de ellos tendrán que volver a hacerlo dado el impacto que en sus bancos aún mantienen activos tóxicos como los que activaron la crisis financiera internacional. Esta realidad hace necesaria la contribución de la Unión Europea en un marco de reestructuración del sector financiero europeo, no sólo español.

La intervención del Estado en el sector financiero provoca cambios sustanciales en él. Han desaparecido, de hecho, la casi totalidad de cajas de ahorros, que se han concentrado y transformado en bancos. A ello se une la nacionalización de un conjunto de entidades cuyo proceso de concentración se ha tornado inviable en la situación actual. Se configura así una titularidad pública (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), de dimensión muy relevante tras la nacionalización de Bankia (a través del Banco Financiero y de Ahorros). El coste de la nacionalización es mayor al asumir el saneamiento de estas entidades.

La utilización de cifras millonarias para sanear al sector financiero, en un marco de ajuste presupuestario que afecta a servicios básicos y estratégicos, no se acompaña de la necesaria transparencia ni de una adecuada exigencia de responsabilidades a los gestores, supervisores, auditores, y, en su caso, administradores. Tampoco se visualizan claramente las medidas y procedimientos mediante los cuales los fondos públicos destinados a este fin van a ser restituidos.

El modelo de cajas de ahorros, herramienta esencial de inclusión financiera para amplias capas de la población y territorios que despertaban menor interés en los bancos tradicionales, ha sido en su mayor parte destruido en esta crisis. La incapacidad en la gestión en unos casos, la miopía de gobiernos autonómicos y sectores económicos, que impidió actuar a tiempo y con criterio adecuado en los procesos de concentración y reestructuración societaria, y, sin duda, la presión para acabar con ese modelo societario por parte de instituciones internacionales, así como la falta de voluntad política de los gobiernos por preservar las cajas, con el apoyo tácito del Banco de España, han resultado obstáculos insalvables en la mayoría de los casos, dando satisfacción a demandas interesadas del resto del sector financiero que contempla como se eliminan y pueden absorber competidores.

Un resultado perverso de todo lo anterior es la reducción, en algunos casos desaparición, de la Obra Social de las Cajas de Ahorros que llegó a superar los 2.000 millones de Euros anuales, con el consiguiente deterioro de actividad asistencial y cultural que no está siendo reemplazada por actuaciones públicas, más aún en el entorno actual de recortes y ajustes presupuestarios.

En ese marco, es preciso promover una reforma eficaz y justa del sistema financiero, que refuerce el control y supervisión público, que se establezcan sistemas de regulación más eficaces, así como se pongan en marcha medidas fiscales con los que las entidades financieras restablezcan los recursos públicos aportados a la reestructuración e incentiven un modelo de negocio socialmente responsable y sostenible.Asimismoes preciso establecer las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido.

Reactivar el crédito es básico, pese al reto de reducción de deuda, especialmente privada, que tiene la sociedad española. Es necesario poder financiar proyectos empresariales viables. Exigir más provisiones al sector es insuficiente, retiene recursos, minorando la oferta de crédito solvente, y se torna contraproducente para la rentabilidad y valoración de los mercados lo que contribuye a una mayor exposición y vulnerabilidad frente a operaciones hostiles.

Recapitalizar con dinero público las entidades financieras que lo precisen es inevitable y condición necesaria, no suficiente, para mejorar el crédito en la economía española y la cuota de mercado de las empresas. Normalizar el crédito ayuda a controlar precios de bienes y servicios.

El empleo en el sector financiero es una prioridad para CCOO. La necesaria reestructuración del sector y las condiciones que se van a exigir como contrapartidas a la financiación europea del rescate bancario, deben realizarse con el mayor respeto al empleo y empleabilidad de las plantillas afectadas. Por ello exigimos la puesta en marcha de un “Contrato Social” que garantice la adopción de medidas pactadas con la representación de los trabajadores, tal y como se desarrollaron las sucesivas reestructuraciones sectoriales desde los años 80 del siglo pasado.

 También son prioritarios los derechos de las personas que han invertido sus ahorros en participaciones preferentes o acciones de las nuevas entidades cotizadas, que han comercializado las primeras o colocado las segundas sin la transparencia e información adecuadas sobre la situación real de las mismas.

Esta falta de transparencia se ha producido hacia los clientes e inversores, a través de trabajadores y trabajadoras de las entidades que tampoco disponían de la información real sobre la situación de sus respectivas entidades.

Por ello, anunciamos nuestra voluntad de ejercer todas las acciones a nuestro alcance para defender los intereses de las plantillas afectadas, los clientes e inversores de buena fe que han visto quebrantada su confianza en estas instituciones y del patrimonio social de las mismas.


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