CCOO en el Proceso de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Artículo de José carlos González Lorente, Responsable de RSE-Inversión Responsable-Sostenibilidad de COMFIA Vocal por CCOO en el Consejo Estatal de RSE (CERSE) en el Boletín de Acción Sindical de CCOO. Este artículo es parte de ponencia presentada en nombre de CCOO en el Congreso Internacional de Empresas y Derechos Humanos organizado por la Universidad de Sevilla en Octubre de 2013.

Comisiones Obreras está participando activamente en el proceso de desarrollo en España del Marco y los Principios Directrices de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. En el Ministerio de Exteriores se ha establecido un espacio de diálogo para la reflexión acerca de su puesta en práctica en España.

Los derechos laborales y sindicales son parte fundamental de los Derechos Humanos. A lo largo de la historia, las mayores violaciones de los derechos humanos se han producido en el ámbito del trabajo. Continuamente saltan a los medios casos de tragedias en las cadenas productivas de empresas del textil, del sector tecnológico o en la industria extractiva.

Los 31 Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos deberían contribuir a evitar estas tragedias y el actual sistema de dumping social. Insistimos en la idea de un cambio hacia una competitividad responsable: ninguna empresa debería tener ventaja competitiva mientras en los países donde operan, directamente o mediante su cadena productiva, no se respeten al menos los convenios y normas de la OIT.

Los Principios fueron aprobados en 20112 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y deben desarrollarse a nivel nacional. En España existe un primer borrador, al que CCOO ha realizado ya varias aportaciones. El 28 de noviembre se ha presentado un nuevo borrador.

Nuestro principal objetivo es abordar la cuestión de las empresas y los derechos humanos, con la intención de influir en las políticas públicas a escala internacional y nacional, e incorporarlas a leyes, tratados, regulaciones, actividades de RSE y políticas empresariales.

Este proceso se enmarca en un contexto mundial de crisis de credibilidad, y de privatización de las normas y del espacio público, acentuado en España, donde hemos pasado de ser un referente, a ser un país señalado por los organismos relacionados con los Derechos Humanos (en lo laboral, por ejemplo, España ha sido uno de los casos tratados en el Conferencia Anual de la OIT). Una tasa de paro del 26%, junto a recortes inaceptables de derechos sociales, un aumento evidente de la desigualdad, la impunidad respecto a los causantes de la crisis, y una legislación cada vez más regresiva en lo social, hacen que nuestro país esté situado en el grupo de países en peligro.

Pero el proceso sobre Empresas y Derechos Humanos está fuertemente influido por las empresas. Sólo la participación activa del movimiento sindical y de la sociedad civil puede impedir un mayor deterioro del sistema de Naciones Unidas.

El Marco y los Principios se basan en tres pilares:

1. El deber del Estado de proteger frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas.
2. La obligación de las empresas de respetar los derechos humanos.
3. La necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos a mecanismos de reparación efectivos.

La Confederación Sindical Internacional apoya sin duda este Marco y los Principios. De hecho los considera (los consideramos) el avance más significativo en más de 30 años respecto a las normas internacionales y el comportamiento de las empresas, pues refuerzan la idea de que los estados deben promover el respeto a estos Derechos, también mediante la inclusión de cláusulas sociales en la contratación de servicios públicos y en las empresas públicas.
Es importante la coherencia y refuerzo de estos principios con otros instrumentos relacionados con la RSE, que además han sido destacados en la última Comunicación de la Unión Europea sobre RSE (Directrices OCDE, Declaración Tripartita y Política Social de la OIT, la ISO26000 y el GRI).

Las principales aportaciones de CCOO al borrador del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos son:

Refuerzo a todas las menciones sobre el control de cadenas productivas.

Refuerzo a los procesos de participación y determinación de la representatividad de los grupos de interés.

Petición expresa al Gobierno para que influya ante la Organización Mundial del Comercio para que se incluyan en su ámbito de actuación.

Control y uso del registro de lobbies que actúan sobre legislaciones y normas, sobre todo cuando afectan a los derechos humanos.

El plan debe estar basado en indicadores concretos que puedan usarse en las memorias de RSE. El Consejo Estatal de RSE debe aportar estos indicadores.

Un mejor funcionamiento de los Puntos Nacionales de Contacto.

Impulso a los Acuerdos Marco Internacionales

Predominio de las Normas de la OIT. Registros de países que no han ratificado Acuerdos y Normas fundamentales del Trabajo.

Un mayor impulso a la Inversión Socialmente Responsable, con la inclusión de los Principios en los criterios de inversión. Desde CCOO lo estamos haciendo en los modelos de política de ISR para los fondos de pensiones.

Es necesario un cambio de reglas del juego. Debe finalizar el abuso del concepto de voluntariedad y la falta de participación de los llamados grupos de interés. Los Principios reafirman la idea de obligado cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, en línea con la redefinición que hizo la Unión Europea sobre una RSE basada en el cumplimiento de la ley y de los convenios colectivos.

Este cambio de perspectiva, de una RSE desregulatoria y ultraliberal, basada en una errónea defensa de la reputación, que ha servido a veces para avalar la impunidad, hacia una RSE que ayude a cumplir las normas, las depure y ponga en evidencia la necesidad de nuevas y mejores regulaciones, es fundamental. Este cambio sigue ofreciendo fuertes resistencias, con el argumento del coste de las regulaciones. No tiene sentido: estamos viendo el coste de la no regulación, o de su falta de efectividad. No estamos hablando de burocracia, sino de transparencia.

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