UGT y CCOO rechazan las cuotas participativas en las cajas por el temor a que se privaticen

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María Jesús Paredes: 'Nosotros pensamos que hay otras formas de financiación, como la propuesta por La Caixa'

UGT y CCOO rechazan las cuotas participativas en las cajas por el temor a que se privaticen


Prefieren sacar a Bolsa la cartera industrial de estas entidades para financiar su crecimiento


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Los sindicatos UGT y CCOO rechazan de plano la emisión de cuotas participativas por parte de las cajas de ahorro como fuente de financiación por temor a que este instrumento se convierta en un paso previo a la «privatización» de estas entidades.

UGT consideró ayer que es «más inteligente» captar recursos con fórmulas como la planteada por La Caixa, consistente en sacar a Bolsa su cartera de participaciones industriales que hacer uso de las cuotas participativas -un instrumento similar a las acciones pero sin derechos políticos-.

En un comunicado, el sindicato señaló que «la entrada de capital privado en las cajas de ahorros, sea de la forma que sea y con la intensidad que sea, a la larga supondrá su privatización».

Además, la Federación de Servicios de UGT subrayó que la retribución a los partícipes iría en detrimento de las aportaciones a la Obra Social de las cajas, «elemento singular y fundamental de estas entidades financieras».

El sindicato defiende la actual naturaleza jurídica de las cajas de ahorros «por la doble función que cumplen, es decir, la prestación de servicios de intermediación financiera y la reversión de una parte de sus beneficios a través de su Obra Social».

CCOO insta a gobiernos autonómicos y cajas de ahorros «adopten medidas preventivas» que «eviten riesgos futuros de desarrollo de derechos políticos».

En el hipotético caso de que se diera entrada al capital privado «reivindicar» la toma de decisión en la gestión de las cajas «es todo en uno. Nosotros pensamos que hay otras formas de financiación, como la propuesta por La Caixa, más barata y sometida al mercado», dijo ayer María Jesús Paredes, secretaria general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO.

Hasta ahora, ninguna entidad había utilizado este mecanismo como fuente de financiación, pero el anuncio de La Caixa de sacar a Bolsa su cartera industrial, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la naturaleza jurídica de las cajas, tachadas de «semipúblicas» por Bruselas.

La semana pasada, el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, recordó que estas entidades han de ceñirse a la «disciplina del mercado» si su intención es realizar compras de bancos fuera de España. En este sentido, Fernández Ordóñez, dijo que la decisión de La Caixa de crear un holding financiero es un «paso» en esta dirección. Sin duda, este mensaje es todo un espaldarazo a la entidad catalana y está en línea con la postura defendida por otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), críticos con el modelo español de las cajas de ahorros, por el control político que ejercen en los órganos de administración.

Al calor de esta polémica, Caixa Galicia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja Murcia y Caja Madrid van a desempolvar este instrumento de captación de recursos para financiar sus planes de crecimiento. Los sindicatos, como miembros del Consejo de Administración de las cajas, se muestran tranquilos «ya que una cosa es lo que dicen sus presidentes y otra lo que apruebe el consejo», puntualiza María Jesús Paredes, de CCOO. En este sentido, la secretaria general de la Federación de Servicios Financieros y Administraciones de Comisiones Obreras afirma que hay una posición «bastante sólida» en contra de las cuotas participativas en la entidad que preside Miguel Blesa. «Nuestro planteamiento es que si necesitan dinero, que saquen a Bolsa su cartera industrial», concluye.

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) aseguró ayer que la institución no tiene «nada en contra» de la salida de las cajas de ahorros al extranjero para realizar operaciones corporativas. El asesor de la AEB, Juan Basurto, insistió en que el sector «no entra a juzgar esta decisión», si bien advirtió que será el Banco de España quien tiene que autorizarlo.

El Mundo