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Buenas prácticas para la protección de personas que denuncian ilícitos en defensa del interés público
La denuncia es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y por lo tanto de la democracia. Sin embargo, a los trabajadores que informan sobre actos ilícitos se les da frecuentemente poca o ninguna protección y están a menudo sujetos a represalias. El Consejo de los Cuadros Europeos (EUROCADRES), del que forma parte CCOO, ha elaborado una guía de buenas prácticas sobre Mecanismos de denuncia de irregularidades.
La Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión dice, en su considerando primero, que “las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre infracciones del Derecho de la Unión que son perjudiciales para el interés público, dichas personas actúan como denunciantes (en inglés conocidas coloquialmente por whistleblowers) y por ello desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad”.
La directiva que entró en vigor el 17 de diciembre de 2019, y debe estar transpuesta al derecho nacional de cada país de la UE, por tanto de España, a más tardar el el 17 de diciembre de 2021. Su importancia es clara: proteger a las personas que se arriesgan en defensa del interés público a denunciar actos ilícitos de los que tienen conocimiento.
En la guía elaborada por Eurocadres se identifican las mejores prácticas relacionadas con los acuerdos internos que promueven la denuncia de irregularidades y el papel de los sindicatos.
Contiene estudios de casos y recomendaciones, y tiene por objeto ayudar a los sindicatos en la labor de colaborar con las empresas en el establecimiento de canales internos de denuncia. Con la transposición de la Directiva todas las empresas con más de 50 empleados se verán obligadas a establecer canales internos de información.
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