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Un suspenso para el gobierno de las entidades sin ánimo de lucro españolas


Universia Knowledge Wharton. Las organizaciones sin ánimo de lucro han sufrido un crecimiento espectacular en los últimos tiempos para llenar el vacío que el mercado, otras empresas u organizaciones no han podido colmar en la provisión de servicios.


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Estas entidades, lo mismo que otras organizaciones en las que entran en juego diversos agentes y hay que asignar recursos a diversas actividades, deben ser gobernadas con total transparencia y eficientemente.

 

En España, los órganos de gobierno de las entidades no lucrativas de mayor peso, las ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo), necesitan urgentemente una reforma según desvela El gobierno de las sin gobierno, un trabajo de investigación realizado por los profesores de la Universidad de Valladolid Pablo de Andrés Alonso, Natalia Martín Cruz y Elena Romero Merino, que fue publicado por Universia-Business Review.

 

En el estudio los autores señalan cómo la preocupación por el gobierno de las entidades sin ánimo de lucro españolas ha adquirido un creciente protagonismo en los últimos años, tanto en el ámbito público como en el privado. En el sector privado, el estudio destaca el trabajo desempeñado por las Fundaciones Luis Vives y Lealtad –organizaciones al servicio del tercer sector- para llamar la atención sobre la necesidad de que las ONGD aprovechen más eficientemente los recursos que gestionan. En concreto, la Fundación Lealtad hizo saltar las alarmas con la conclusión de la segunda guía de principios de transparencia y buenas prácticas de sesenta y ocho ONG españolas en la que se advertía sobre “el fracaso reiterado de las organizaciones en el cumplimiento de los principios relacionados con la regulación de los órganos de gobierno y la pluralidad de las fuentes de financiación”.

 

En el ámbito público también se han realizado muchos esfuerzos para dotar de eficacia a los órganos de gobierno de las entidades no lucrativas mediante reformas legales encaminadas a estimular la iniciativa privada y la desinversión pública en algunas actividades de interés general. Además de estas leyes, los autores señalan que otros trabajos privados han servido para definir las características que deben cumplir los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro, pero ninguno de ellos contrasta el efecto que dichas características tienen sobre la eficiencia de las organizaciones. Según los autores, “no se evalúa la capacidad de los órganos de gobierno como mecanismo de control de las organizaciones o de sus directivos”.

 

Gobierno y eficiencia de las ONGD

 

Con el fin de llenar ese vacío, los profesores de la universidad de Valladolid realizaron un estudio entre 42 organizaciones no gubernamentales para valorar la influencia de los órganos de gobierno y de los donantes institucionales sobre la eficiencia de las ONGD españolas. El trabajo puso de manifiesto, en primer lugar, el peculiar perfil de los órganos de gobierno de estas entidades, resaltando, entre otras cosas, que la mayoría de los miembros del board (77%) no mantiene una relación contractual con la ONGD. Estos miembros son, en su mayoría, profesionales pertenecientes a otros sectores de actividad que dedican parte de su tiempo a la organización. Además, según el estudio, “sólo un tercio de las organizaciones poseen una Comisión Ejecutiva para dotar al órgano de gobierno de una mayor flexibilidad y agilidad; en el 72,5% de las organizaciones está presente la figura del fundador. Estas dos últimas prácticas de gobierno son elocuentemente más empleadas por las fundaciones que por las asociaciones”.

 

Para analizar el efecto de estos órganos en la eficiencia de la entidad los autores se sirvieron de “un indicador de eficiencia que fuera sencillo, homogéneo, objetivo y comparable para todas las ONGD”. En concreto, dicen, “adoptamos la eficiencia económica en dos de sus vertientes más tradicionales, la eficiencia en costes (técnica administrativa) y la eficiencia en resultados (eficiencia asignativa)”.

 

Los resultados mostraron que los gastos de administración, por lo general, no superan el 8% de los gastos totales necesarios para que la organización realice su actividad, y que el 80% de las donaciones obtenidas por la entidad se dedican directamente a los proyectos. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue que al relacionar las características de los órganos de gobierno con la eficiencia de las entidades, no se encontraron evidencia alguna de influencia. “Esto contrasta fuertemente con la percepción, reiteradamente puesta de manifiesto por la teoría, de que una correcta supervisión y control por parte de los órganos de gobierno debiera traducirse en una mayor eficiencia de las organizaciones”, sustenta el estudio. Para el caso español, “la actividad de los órganos de gobierno no se traduce en funcionamiento eficiente de las ONGD”, explican los autores.

 

La información proporcionada por los responsables del departamento de proyectos de las ONGD de la muestra arrojaba algo de luz sobre estos datos, al explicar que los patronos o miembros de la Junta no cuentan con los conocimientos relevantes para desarrollar sus funciones en estas entidades, además de que se mantienen independientes de la ONGD. “Sus funciones quedan reducidas a la aprobación anual de cuentas y presupuestos”, aseguran. En este sentido, los profesores explican que aunque, en muchos casos, los consejeros cuentan con la experiencia necesaria para ayudar a la organización a alcanzar su misión, mediante la captación o el control de la asignación de los fondos, en la práctica disponen de poco tiempo libre para dedicárselo a la ONGD, ya que la mayoría trabajan a tiempo completo en el sector privado.

 

Si los consejos no gobiernan, ¿quién gobierna?

 

Dada la falta de eficiencia y operatividad de los consejos, los donantes adquieren un gran protagonismo en la gestión eficiente de los recursos con los que cuentan las entidades sin ánimo de lucro. En el caso español, los autores comentan que las ONGD dependen excesivamente de los donantes públicos para la obtención de fondos y que, aunque esta dependencia choca con el principio de pluralidad de la financiación, lo cierto es que nadie mejor que ellos para asegurarse de que los fondos que conceden se asignen eficientemente. Según los datos del estudio, dos tercios de los recursos que reciben las ONGD del país dependen, en término medio, de diversas administraciones públicas como la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y Comunidades Autónomas.

 

Los resultados del estudio muestran que cuanto mayor es el porcentaje de recursos proporcionados por la AECI menor es el nivel de gastos de administración (eficiencia técnica) y mayor es la asignación de recursos a proyectos (eficiencia asignativa). Por tanto, las subvenciones públicas no sólo suponen la principal fuente de recursos para muchas ONGD españolas, además es beneficioso para su eficiencia económica. La clave estaría en la fuerte fiscalización llevada a cabo por la AECI sobre las ONGD a las que financia, mediante las consultorías preceptivas o del requerimiento de informes pormenorizados acerca del uso de los fondos proporcionados.

 

En cuanto a la financiación pública, no es oro todo lo que reluce. Los autores señalan que la excesiva dependencia de un único donante ha llevado a organizaciones privadas como la Fundación Lealtad a mostrar su preocupación por la falta de diversificación de los fondos. Porque aunque los mecanismos de supervisión de subvenciones de la Agencia Estatal parecen indicar que habrá una mejor asignación de recursos por parte de las ONGD,   los profesores advierten que “los objetivos del organismo estatal podrían no coincidir con los de la organización”. En ese caso, dicen, “una excesiva dependencia de los fondos públicos –y del mercado político en el que se asignan- podría implicar el sacrificio de la misión organizativa en aras de la supervivencia. Una espada de Democles que pende sobre esta organizaciones”.

 

A pesar de todo, los autores consideran que es más relevante y prioritaria la reestructuración de los órganos de gobierno que tratar de conseguir la diversificación de las fuentes de ingresos, ya que de momento esta concentración de fondos es el único supervisor eficaz con el que cuentan las ONGD españolas. La eliminación de esta supervisión sería “contraproducente”.

 

El trabajo de investigación subraya que “la falta de influencia de los boards sobre la eficiencia de la organización constituye una señal de alerta sobre la necesidad de reestructurar los patronatos y juntas directivas de las ONGD españolas”. Sobre todo “teniendo en cuenta que el papel activo de los patrones y miembros de las juntas directivas en cuestiones tales como la planificación estratégicas de las acciones a seguir, las relaciones sociales para la obtención de fondos o la garantía de la consecución de la misión de la organización, es clave para lograr una eficiente asignación de recursos”.  

 

Los autores advierten que la reestructuración de los boards “es más imperativa, ya que evita que la elevada concentración de las donaciones en manos de un donante institucional sea síntoma de pérdida de identidad y valores con los que se crearon”.



Enlaces

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   Aparecido en Wharton.universia.net