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La propuesta del Gobierno no resuelve los problemas de la formación


A juicio de CCOO, "el principal objetivo de la reforma de la formación para el empleo que propone el Gobierno es expulsar del sistema a sindicatos y empresarios". El documento que contiene la propuesta ministerial proclama que "hay que ampliar el mercado de la formación". Esto supondría que lo financiado por todos sirva para el lucro de unos pocos, las consultoras y centros privados de formación.


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Para conseguirlo, la Administración incluso desoye a la OCDE que señaló en 2013 que la implicación de los interlocutores sociales era una de las fortalezas destacadas de nuestro sistema de formación profesional continua.

Formación para el empleo

Desde su llegada al poder, el PP no ha mostrado gran preocupación ni por la educación ni por la formación. De hecho, ha recortado enormemente los presupuestos, ha transferido recursos de la cuota de Formación Profesional a otras políticas, ha insistido, basándose en evaluaciones fantasmas, en que los cursos no servían para nada y ha puesto bajo sospecha a la Fundación Tripartita, a pesar de que los presuntos fraudes han tenido lugar en lo fundamental en programas gestionados e inspeccionados por comunidades autónomas.

CCOO considera que “el Gobierno del Partido Popular presenta una propuesta que no soluciona los verdaderos problemas de la formación sino aquellos que el Gobierno, acuciado por cierta prensa y grupos de interés económico, cree que son urgentes resolver para dar la imagen de que se ha sido muy enérgico en la lucha contra el fraude”.

Acuciado por esas prisas, y aunque se llama Avanzando hacia un nuevo modelo de formación, lo que el documento plantea es una vuelta al viejo e ineficiente modelo de formación de desempleados creado a finales de los ochenta. Como entonces, se asigna a la Administración la detección de las necesidades formativas del sistema productivo y a los centros o entidades privados la impartición de las acciones formativas precisas para atenderlas, reservando para los agentes sociales un papel meramente decorativo.

En opinión de CCOO “nadie hay más capaz de decir qué  necesitan las empresas y trabajadores que ellos mismos y cualquier modelo que no lo tenga en cuenta, fracasará”. Hay que recordar que, como señala la OIT (recomendación 195), el diálogo social y la negociación colectiva respecto de la formación, son un principio básico para el desarrollo de sistemas de formación, y para la pertinencia, la calidad y la relación coste-beneficio de los programas.

Calificar de “nuevo” a un modelo de 1993 no es lo único paradójico de la propuesta, “también lo es que se argumente que las organizaciones sindicales y empresariales no deben acceder a fondos de formación y participar en la dirección del sistema, porque no se puede ser juez y parte, y al mismo tiempo se proponga que los centros y entidades de formación privados participen en esa dirección y accedan en exclusiva a los recursos”, se considera desde el sindicato.

Para CCOO, “buena parte de los problemas de la formación para el empleo en España son similares a los del resto de países de la UE y se concentran en la dificultad de crear una oferta formativa sectorial de calidad que sea relevante para las pymes y micropymes”. Para resolverlos no es suficiente con invocar el mantra de la concurrencia competitiva -que es un mecanismo de asignación de fondos, no un modelo de formación- y desplazar a los agentes sociales. Al contrario, se debe intensificar la cooperación y utilizar vías ya exploradas en otros países, por ejemplo en Francia u Holanda, como la creación de organismos bipartitos sectoriales nacidos de la negociación colectiva que dirijan el reparto de la cuota de formación de su sector y aseguren su inversión en cursos prioritarios, teniendo en cuenta la innovación requerida y las deficiencias de cualificación existentes.

Además, en España existe el problema añadido de una mano de obra con niveles de cualificación bajos. Se ha mejorado mucho en los últimos veinte años, pero no es suficiente. Por ello, para el sindicato “es imprescindible dedicar los recursos necesarios para un uso intensivo de la red pública de centros de formación profesional, y tomar medidas (permisos retribuidos, apoyo económico…) para impulsar el desarrollo personal, profesional y académico en especial de los segmentos de trabajadores con menor nivel educativo. Pensemos que la mayoría de las personas que integrarán la población activa en el año 2025 están ya en el mercado de trabajo, por lo que si queremos cambios, tenemos que construirlos con ellos”.

CCOO obtuvo en 2013, en una convocatoria con concurrencia competitiva, ayudas que suponen alrededor del 3% de los recursos de la Fundación Tripartita, que a su vez gestiona menos de la mitad de los fondos de la cuota (el 44,4%). “Hemos señalado repetidas veces que podemos dejar de hacer cursos, pero no vamos nunca a renunciar a participar en el gobierno del sistema de formación de los trabajadores. Porque somos un sindicato y esa es nuestra obligación”.

Por ultimo, afirma CCOO, “la propuesta no garantiza la finalidad de la cuota (dedicarla en exclusiva al fin formativo) y su reanualización como vienen diciendo tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Cuentas”.