El familiar que cuide a una persona dependiente podría tener sueldo

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El familiar que cuide a una persona dependiente podría tener sueldo


El Gobierno quiere que las personas que no trabajan por cuidar de algún familiar reciban una paga si se dan de alta en la Seguridad Social


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El libro blanco de la dependencia, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que han colaborado numerosos expertos, propone que los familiares que actualmente se ocupan de atender a personas dependientes, es decir, aquellas que no pueden valerse por sí mismas para llevar a cabo las tareas básicas de la vida diaria, puedan cobrar esos servicios que prestan siempre y cuando se den de alta en la Seguridad Social como autónomos por el numero de horas que dedican a esta labor.
La profesionalización de esos cuidados beneficiaría principalmente a las mujeres, que en el 83% de los casos son las que se ocupan de la persona dependiente sin que hasta ahora hayan recibido ninguna ayuda ni económica ni material. Asuntos Sociales calcula que podrían incorporarse al mercado de trabajo de la dependencia 110.000 mujeres en el plazo de cinco años.
El objetivo del Gobierno con esta propuesta, que está siendo debatida por la mesa sectorial en la que se encuentran representados todos los colectivos relacionados con la dependencia, es proporcionar a las personas dependientes la posibilidad de ser atendidas por su entorno directo, algo que la mayoría prefiere, así como dar empleo a esas miles de mujeres que precisamente por atender a su familiar dependiente han tenido que renunciar al trabajo retribuido.
En cuanto al requisito de darse de alta en la Seguridad Social, éste se explica por el hecho de proporcionar una pensión a estas cuidadoras el día de mañana, además de para evitar que "la prestación de dependencia se convierta en un mero complemento de la pensión" del dependiente, según se recoge en el citado texto.
El dinero que percibirían sería inferior al que recibe un profesional de la atención domiciliaria, según aparece en el libro blanco, para "lograr el objetivo de que la prestación sirva para garantizar la adecuada prestación del servicio, incrementar el empleo y no se dificulte la incorporación de la mujer al trabajo".
De hecho, una de las ideas que considera el Gobierno, y que tiene que ser ahora debatida, es que las cuidadoras familiares puedan incorporarse al mercado laboral en el sector de la dependencia bien con su familiar o bien para asistir a otros. No hay que olvidar que esas mujeres son las que más experiencia tienen en la atención y cuidados que precisan las personas dependientes.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que el desarrollo de la futura ley de Dependencia obligará a crear como mínimo 300.000 puestos de trabajo y, según el libro blanco, unos 110.000 cuidadores familiares podrían incorporarse al trabajo de aquí al año 2010.
El libro blanco de la dependencia ofrece un diagnóstico de la situación de las personas dependientes en España y plantea una serie de propuestas para su atención con el objeto de que sean debatidas con los agentes sociales, con las distintas administraciones y con los grupos parlamentarios. Del texto consensuado saldrá la ley de Atención a las Personas Dependientes, que el Gobierno prevé que entre en vigor antes de que finalice este año.
En este contexto, el libro blanco señala que en estos momentos hay en España 1.125.190 personas que no pueden valerse por sí mismas, de las que 826.551 tienen más de 65 años. Además, hay otras 1.657.400 personas que precisan algún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana. Las previsiones apuntan que en el 2020 los dependientes más graves superarán el millón y medio de personas.
Según el citado texto, hoy en día es la familia, y en concreto la mujer, la que se encarga de la atención a este colectivo. Sólo un 6,5% de las familias que cuidan a dependientes cuentan con algún apoyo de los servicios sociales.
El objetivo del ministerio que dirige Jesús Caldera es que la atención domiciliara se extienda a todos los dependientes, evitando en lo posible el ingreso en residencias.
La propuesta del Gobierno supondrá un coste adicional de 4.500 millones de euros en ocho años, que se sumarán a los 4.000 que ya gastan las administraciones.
La Vanguardia, Lunes 14 de marzo de 2005