Ya estamos constatando que no es con argumentos ni sentido de estado como el partido del Gobierno, y el Ejecutivo mismo, van a intentar contrarrestar nuestras razones e indignación de la Ciudadanía. Van a intentar desacreditarnos. Somos muy molestos, quizá la más poderosa molestia que afrontan si el camino que se toma es el de la injusticia. 

Hoy son las remuneraciones por participar en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, como recoge la Ley, por ahora. Mañana será la gestión de las políticas de Formación Continua, como recogen los acuerdos tripartitos, se desarrollan también por Ley y auditan desde el Tribunal de Cuentas hasta la Unión Europea. Y, por último, cuestionarán, manoseando el papel de las subvenciones, el rol Constitucional de los Agentes Sociales. 

Es, en definitiva, una estrategia deliberada que se ha desvelado mucho antes de alcanzar los 100 días de gobierno. El Diálogo Social forma parte del Pacto Constitucional y se está quebrando por parte del Gobierno y el partido que lo sustenta. Se ha despreciado el potencial del Acuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos en materia de política de rentas y Negociación Colectiva y se ha obviado, lo que es un hecho sin precedentes en nuestra democracia, siquiera la consulta y comunicación previa de la Reforma Laboral a la que hoy nos enfrentamos. 

Pero no la enfrentamos solos. Ayer, la Ciudadanía, masiva, serena y firmemente apoyo al movimiento sindical y reclamó del Gobierno rectificación. El Gobierno haría bien en escuchar, sentarse a negociar y no reafirmarse en una Reforma Laboral injusta, inútil e ineficaz