Érase una vez una comunidad autónoma en la que coexistían dos grandes cajas de ahorros, ambas procedentes de fusiones de entidades provinciales, que se miraban de reojo mientras pugnaban por la hegemonía regional. Hasta que, de repente, estalló la crisis. El Gobierno autonómico, temeroso de perder la influencia sobre su sector financiero, ejerció de celestino y obligó a ambas entidades a pronunciarse el sí quiero pese a que sus redes se solapaban casi al cien por cien. No fue un proceso fácil. Tuvo que superar unas negociaciones eternas que encallaban continuamente en discusiones inacabables sobre la ubicación de la sede, el reparto del poder, la designación de una marca comercial, la integración de los sistemas informáticos o el doloroso ajuste laboral.
Éste podría haber sido un capítulo de la historia de Andalucía, pero ocurrió realmente en Castilla y León, y las protagonistas no son otras que Caja España y Caja Duero, que el pasado mes de octubre cerraron una fusión tradicional -nada de SIP- casi a su pesar.
El grupo fue bautizado como Espiga por el Banco de España ante la discusión aún no cerrada sobre su denominación comercial. Aislado de los movimientos del sector, -que han engendrado nuevos actores como Bankia o Banca Cívica- Espiga intentó sobrevivir en solitario pese a las evidentes dificultades que suponen la concentración de riesgos en una misma comunidad y el altísimo solapamiento de la red comercial. El sueño de la independencia duró hasta que el Banco de España publicó el informe sobre las necesidades de capital de la banca española.
El regulador reveló que Espiga se encontraba en su particular Hora 25, y precisaba captar cuanto antes 463 millones de euros para superar el listón del10% de core capital que se le exigirá a partir de septiembre a las cajas que no se reconviertan en bancos y den entrada al capital privado. Las puertas se fueron cerrando, la última la de Banco Mare Nostrum, el SIP liderado por Caja Murcia en el que participa Cajagranada.
La salvación tiene finalmente acento andaluz. Tras un par de intentos serios -CCM y Cajasur- y un escarceo -Cajasol-, Unicaja ha entrado fuerte en la reordenación del sistema financiero español. Si el preacuerdo firmado con Espiga es aceptado por los órganos de gobierno de ambas cajas, la entidad presidida por Braulio Medel llevará la voz cantante en la fusión pese a que aparentemente es el pez chico de la operación. Será la cuarta caja española con un activo de casi 80.000 millones de euros, sólo superada por Bankia (334.508 millones), CaixaBank (271.338) y Banco Base (125.562).
La operación se articulará a través de un banco. Unicaja controlará el 63% del capital mientras que Caja España-Caja Duero se conformará con un 37%. La aportación de Unicaja es inferior a la de Espiga tanto en activos como en créditos y en depósitos a la clientela. La clave está en la letra pequeña. Con un 13,1%, Unicaja disfruta del core capital más elevado del sistema financiero español tras Banca March, sin haber recibido ayudas públicas. Espiga, que obtuvo 525 millones del FROB, debe conformarse con un 8,2%. La exposición al ladrillo también muestra un desequilibrio a favor de Unicaja. El 27% del crédito concedido por Espiga -unos 8.067 millones de euros- está concentrado en la promoción inmobiliaria, y de él 4.300 millones son problemáticos -fallidos, en mora o en ciernes-. La morosidad del crédito promotor asciende al 20,8%, y la mora total se sitúa en el 9,3%. La exposición inmobiliaria de Unicaja se reduce al 13% -2.948 millones-, de los que 1.604 son problemáticos. La morosidad del crédito promotor está cifrada en el 12,3%, y la morosidad total asciende al 3,7%. Las agencias de calificación reconocen la solvencia de Unicaja. Moody's otorga a la entidad andaluza una nota de Aa3 a largo plazo, mientras que sitúa a Espiga por debajo, con Baa1.
A cambio de resolver los problemas de solvencia de Espiga, Unicaja gana músculo y dimensión sin apenas solapamiento. La mayor presencia de Espiga se da en Castilla y León, donde Unicaja no cuenta con representación. En cambio, en Andalucía, donde la entidad andaluza concentra cerca del 90% de su red, apenas había 30 oficinas de Espiga antes de la fusión de las cajas castellanas. En el resto de comunidades la presencia de ambas entidades es casi testimonial.
Todavía queda camino por andar. Espiga entra en una nueva fusión sin haber digerido la suya propia, una circunstancia patente en el reparto de sedes: la social estará en Málaga; las operativas en Málaga, Madrid y Salamanca, sede histórica de Caja Duero; y la dirección de la corporación empresarial en León, centro neurálgico de Caja España. Y la llegada de Unicaja no ha rebajado la tensión: el director general de Espiga, Lucas Hernández, dimitió el pasado lunes de forma sorpresiva en el mismo consejo de administración en el que se informó del preacuerdo con Unicaja.
Alejandro Martín
Malaga Hoy
