Apremiada por el plazo fijado por el Gobierno de España, la nueva Caja de Castilla y León ha negociado contra reloj la alianza estratégica imprescindible para sobrevivir a las nuevas condiciones (capital básico) exigidas a las entidades financieras. Por lo que sabemos y se ha comunicado oficialmente al Banco de España, existe un principio de acuerdo con Mare Nostrum, grupo constituido por cuatro cajas de otras tantas comunidades bajo la fórmula del SIP o fusión fría.

Salvo sorpresa de última hora, esta misma semana Caja España-Caja Duero sellará la alianza con dicho grupo y su correspondiente banco, en el que pasará a participar con la parte alícuota correspondiente. En consecuencia, en un plazo récord saltarán por los aires las principales señas de identidad que justificaron la fusión de las dos principales cajas de Castilla y León: el marco territorial y el mantenimiento de la naturaleza jurídica original. En breve, la Caja de Castilla y León formará parte de un banco, lo que diezmará aún más su ya depauperada obra social. Por medio habrán sucumbido más de 200 oficinas y cerca de 900 empleos.

Cierto es que toda esta vuelta del calcetín obedece a la necesidad de alcanzar la elevada capitalización impuesta por el Gobierno, que ha cogido con el paso cambiado a la inmensa mayoría de las cajas. Pero también es innegable que ello ha dejado al descubierto que la fusión de Caja España y Caja Duero, lejos de resolver el lastre financiero que ambas cajas arrastraban por separado, no ha hecho otra cosa que agravarlo. Y que, al margen de que a mitad del partido se hayan cambiado las reglas del juego, la nueva Caja de Castilla y León se encontraba en una situación bastante precaria, consecuencia de su alta exposición al riesgo inmobiliario.

Con candorosa ingenuidad, uno llegó a creer que, una vez consumada la fusión y consensuado un presidente profesional, la injerencia política remitiría en beneficio de la deseable profesionalización de la gestión. Pero los hechos han venido demostrando que el PP y el PSOE han seguido interfiriendo tan descaradamente como nos tenían acostumbrados. No se ha soltado ningún lastre político. Todo lo contrario. Los consejeros generales (antes 280) ahora son 320 y llevan dos años pasados de fecha, el Consejo de Administración no se ha reducido, se ha trampeado la ley para poder suplantar a la comisión ejecutiva y de un solo máximo responsable ejecutivo (el director general) previsto en el pacto de la fusión, se ha pasado a dos por mor de la contratación de ese presidente profesional, con la consiguiente bicefalia. De la desconexión entre los puentes de mando sitos en León y Salamanca da idea el solapamiento horario que trascendió recientemente respecto a las convocatorias de comisiones y órganos internos, que, ante la carencia del don de la ubicuidad, impedía asistir a las reuniones a buena parte de sus miembros.

¿Quién manda realmente en la Caja?, preguntó hace unos días el que suscribe a un destacado miembro del Consejo de Administración (del PP, por más señas). «Realmente, no manda nadie», contestó. Por un momento me vino a la memoria la inefable frase de la no menos inefable exministra de Cultura Carmen Calvo: «El dinero público no es de nadie». Supongo que fue un lapsus y que quería decir que el dinero público es de todos. Excepto el prestado por el FROB, el de las cajas no es dinero público. Y, sin embargo, está controlado por el poder político. En el caso de la nueva Caja de Castilla y León, sin ninguna duda por la Junta, que es la que primero avaló al nuevo director general, Lucas Hernández, y después apadrinó al presidente, Evaristo del Canto, eso sí, siempre con el seguidismo (especialmente ciego en el segundo caso) del PSOE.