Parece que el mapa financiero de Castilla y León ha quedado momentáneamente despejado. De las seis cajas existentes en la comunidad autónoma, sólo una mantiene una 'cierta entidad regional', aunque no sepamos por cuánto tiempo. De las restantes, dos han sido absorbidas por Caja Madrid -Ávila y Segovia- y las otras dos -las entidades burgalesas- ubicadas en sendos proyectos disgregadores. No parece que la guerra soterrada existente en algunas de ellas haya terminado pero, como siempre ocurre en el mundo de las fusiones financieras, los problemas vienen dados por el reparto de poder.

En este sentido conviene recordar algunas de las declaraciones que los presidentes más reacios a la formación de un gran entidad financiera regional aducían para justificar su no integración: Santiago Ruiz, Director General de Caja Círculo Obreros de Burgos, declaraba: «La fusión produciría perjuicios con pérdidas en el empleo y los clientes en la sociedad burgalesa en general.»; Julio Fermoso, Presidente Ejecutivo de Caja Duero, afirmaba «La desaparición de Caja Duero se hará por encima de mi cadáver»; y el ínclito presidente segoviano Atilano Soto: «Caja Segovia es una entidad rentable y no necesita proceso de integración alguno». Miopías, contradicciones, y cambios de criterio apresurados que ocultan intereses y ambiciones personales, por encima de cualquier consideración de interés público, y que han acabado por disgregar y debilitar el sistema financiero de la comunidad.

A este panorama se ha unido el fracaso de la clase política y, en especial, de la Junta de Castilla y León en la gestión del proceso integrador. Produce asombro la actitud adoptada por los máximos responsables políticos a la hora de designar al presidente de la futura entidad resultante de la fusión de Caja España y Caja Duero, aunque no tanto los alegatos a que nos tiene acostumbrado el alcalde de León y vicepresidente de Caja España. Resulta que a este administrador y gestor de lo público, para presidir una entidad que gestiona más de 45 mil millones de euros, procedente en su gran mayoría de los ahorros de castellanos y leoneses, es más importante el origen de nacimiento que la valía profesional del candidato -da lo mismo ser agente forestal, cocinero o carpintero, lo imprescindible es ser leonés-. Apelar a un provincialismo trasnochado ó invocar lugar de nacimiento como 'patente de corso' no es moderno, ni efectivo, es simplemente una 'actitud feudal'.

Más difícil de entender todavía resulta la actitud del alcalde de León en su condición de responsable político, y no sólo como empleado de Caja España, que a nuestro juicio debería tener un especial sentido de la responsabilidad, velando por el cumplimiento de normas que exigen una inequívoca profesionalización de los órganos de gobierno de las entidades. Como decía Platón: «Los buenos gobernantes son aquellos que saben amar el bien público más que los demás, cumpliendo con el celo necesario sus obligaciones como dirigentes».

No se trata, por otra parte, de invocar cuotas provinciales, si a Valladolid le corresponde esto…, si a Zamora lo otro… etcétera, pues cometeríamos el mismo error que criticamos. Se trata, en definitiva, de superar localismos arcaicos propios de una época caciquil que se resiste a desaparecer. Con demasiada frecuencia advertimos que para buscar un puesto de trabajo en Ikea es necesario ser de Arroyo, y para optar a una plaza en el reciente Museo de la Evolución Humana es necesario proceder de la Universidad de Burgos. Tales despropósitos, amén de su dudosa cualidad jurídica, deberían ser desterrados en una sociedad moderna y progresista. A veces, tenemos la sensación que los castellanos y leoneses nos estamos habituando a ser meros espectadores de nuestras propias desdichas. Produce cansancio y desaliento observar cómo en nuestra tierra no encontramos políticos resueltos a encarar las grandes cuestiones que nos afectan con el esfuerzo de la reflexión, sino más bien con el criterio oportunista de evitar los problemas políticos inmediatos de un territorio disgregado e irredento.

El 'affaire' de las Cajas de Ahorro ha permitido constatar la debilidad del proyecto político del Gobierno de Castilla y León; al tiempo que nos da a conocer la escasa voluntad integradora del secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, cuyo proyecto de futuro para esta comunidad parece resumirse en 'Castilla y León es León y la suma de esas otras provincias restantes'. Acaso, como decía Sánchez Albornoz, «¿somos víctimas como comunidad de nuestros propios errores?»; o simplemente, según sentencia el viejo aforismo, «tenemos los políticos que nos merecemos».

BALDOMERO GIMENO | EX CONSEJERO DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN