La Junta despolitiza las Cajas, pero deja seguir dos años más a los consejeros de Duero y España

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La Junta despolitiza las Cajas, pero deja seguir dos años más a los consejeros de Duero y España

El Decreto Ley aprobado por el Gobierno regional «complica» el SIP de Ávila y Segovia al exigir un mayor respaldo de sus asambleas

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Circunstancias como la necesidad de dotar a lasentidades de ahorro de la estabilidad jurídica necesaria para desarrollar su reestructuración o el hecho de que Caja Duero y España se encuentren en pleno proceso de fusión han urgido al Gobierno regional a aprobar el Decreto Ley por el cual se adapta la renovada Ley estatal de Cajas, aprobada por el Ejecutivo central el pasado 9 de julio. De esta forma, tras recibir ayer el visto bueno en Consejo de Gobierno, Castilla y León se convierte tras Cataluña en la segunda comunidad que adapta la normativa estatal, calificada por el consejero de Economía y vicepresidente segundo de la Junta, Tomás Villanueva, de «muy compleja y ambigua», lo que ha provocado «muchas dudas de interpretación en todas las comunidades».

Al término de su habitual reunión de los jueves, Villanueva detalló el contenido del nuevo Decreto Ley, que persigue «dos objetivos fundamentales»: facilitar instrumentos a las entidades de ahorro para mejorar sus niveles de capitalización y profesionalizar la gestión de los órganos de gobierno de estas entidades. Para ello el Gobierno regional ha acordado, mediante un texto que deberán convalidar las Cortes, reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y endurecer el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las entidades de ahorro, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones, préstamos, garantías o avales vinculados a la caja participada. Esta última es la principal novedad que incorpora la normativa castellano y leonesa respecto a la estatal. De esta forma, subrayó el vicepresidente económico, «dejamos un régimen de incompatibilidades serio que va a redundar en beneficio de las entidades financieras».

Preguntado por los periodistas acerca de si el nuevo Decreto deja fuera a Santos Llamas para presidir la caja resultante de la fusión entre Duero y España es uno de los nombres que suenan, aunque todavía no está claro que vaya a ser el candidato que se vote en el consejo unificado que se celebre una vez que la Junta apruebe la fusión, Villanueva eludió pronunciar ningún nombre, pero matizó«evidentemente, si está incluido en el régimen de incompatibilidades, no la podrá presidir».

El nuevo Decreto Ley sí respeta, por otra parte, el periodo transitorio de dos años que han acordado Caja Duero y Caja España para elegir los órganos de gobierno de la nueva entidad fusionada, un punto de la normativa que hasta el pasado miércoles se estuvo negociando. Así, el texto introduce una disposición transitoria en virtud de la cual durante ese periodo las dos entidades podrán mantener sus miembros sin renovar, excepto que sean ellos los que aceleren el proceso.
Proceso de adaptación
En cambio, sí deberán iniciar el proceso de actualización y adaptación de sus estatutos y reglamentos a la normativa básica el resto de entidades de Castilla y León (Caja de Burgos, Caja de Ávila, Caja Segovia y Caja Círculo). Dispondrán para ello de tres meses, periodo al que se suma un mes más para que la Junta lo autorice, y una vez recibida esa autorización, las cajas dispondrán de dos meses para organizar sus órganos de gobierno. De esta forma, Tomás Villanueva calculó el mes de enero o febrero de 2011 para el fin del proceso. El objetivo es que para entonces se haya renovado tanto el grupo uno, que corresponde a los impositores y empleados cuya reelección se ha venido retrasando reiteradamente desde diciembre de 2008 cuando la Junta emitió una prórroga en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2009, como el grupo dos, correspondiente a los consejeros procedentes de las corporaciones municipales y Cortes regionales. Asimismo, según recoge el nuevo Decreto, el proceso electoral que atañe a estos últimos no tendría que repetirse pasadas las elecciones municipales y autonómicas de 2011 sino que la siguiente vez se aplazaría hasta 2015, mientras que el proceso electoral del grupo uno, el de los impositores y empleados, volvería a celebrarse como hasta ahora, es decir dos años después, en 2013.

Precisamente otra de las novedades de la normativa tiene que ver con la reducción pública de los órganos de gobierno de las cajas, que pasa de un 50 a un 40 por ciento. Así la presencia del grupo de Cortes y corporaciones municipales se reduce del 47 al 37 por ciento. Además, ese diez por ciento que se ha tenido que reducir del sector público pasa a favor de impositores y Entidades de Interés General, donde se reserva un cinco por ciento al Consejo de Diálogo Social.

Además, el Decreto Ley endurece también los requisitos de profesionalidad que deben reunir los miembros de los consejos de administración y comisiones de control, y que sólo podrán eludir los representantes de los trabajadores. En este sentido, los miembros de los consejos deberán acreditar que han desempeñado al menos durante cinco años funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o puestos semejantes en otras entidades similares.

Refuerzo de mayorías
Otra de las incorporaciones de la normativa elaborada por la Junta tiene que ver con el refuerzo de las mayorías. Así, se fija en 4/5 en vez de 2/3 como era hasta ahora la mayoría necesaria para la aprobación de fusiones. SIP, ejercicio indirecto de la actividad financiera y las decisiones de transformación de la entidad de ahorros en una fundación. Un cambio que se debe, según explicó el vicepresidente económico, a que desde la Junta se entiende que «cualquiera de estas operaciones llevaría a la extinción o desaparición del negocio financiero en una caja». Un punto del decreto que afectará seguro a las votaciones que se celebrarán el próximo 14 de septiembre en Caja Segovia y Caja de Ávila, respectivamente, donde estaba previsto que las asambleas de ambas entidades debatiesen su adhesión al SIP de Caja Madrid. pero que este acuerdo de la normativa podría complicar.