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Ni altos cargos ni empresarios con intereses al frente de las cajas

Refuerza las mayorías necesarias para que una asamblea autorice una fusión.

Ningún alto cargo de la Junta ni de los ayuntamientos, diputaciones o entidades que dependan de estas instituciones podrán estar en los consejos de las cajas o en sus comisiones ejecutivas. Tampoco podrán estar empresarios con intereses en las entidades. Eso sí, el Ejecutivo les da un plazo de 6 meses para que se adapten a la normativa que entraría en vigor mañana y deja para la semana que viene la aprobación de la fusión España-Duero.


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Ningún alto cargo de la Junta ni de los ayuntamientos, diputaciones o entidades que dependan de estas instituciones podrán estar en los consejos de las cajas o en sus comisiones ejecutivas. Tampoco podrán estar empresarios con intereses en las entidades. Eso sí, el Ejecutivo les da un plazo de 6 meses para que se adapten a la normativa que entraría en vigor mañana y deja para la semana que viene la aprobación de la fusión España-Duero.

El decreto refuerza las mayorías necesarias para que una asamblea autorice una fusión, una integracion o un SIP que pasan de dos tercios a cuatro tercios. Esto entra en vigor este viernes y afecta a las asambleas que Caja de Ávila y Caja Segovia van a celebrar el próximo 14 de septiembre.

En el caso de Caja de Ávila, la postura en contra del PSOE y de los sindicatos podría ser ahora suficiente para que la fusión con Caja Madrid no salga adelante 55 días después de la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Cajas, el Ejecutivo Regional adapta su texto a la normativa nacional y lo hace endureciendo de forma significativa las incompatibilidades para ocupar un sillón en los consejos y comisiones ejecutivas de las entidades. Había que buscar una mayor profesionalización y el principio se aplica a rajatabla. Se rebaja la presencia de cargos políticos del 50 al 40%, algo que afectará sobre todo a los ayuntamientos. Reducirán su peso a favor de los impositores y las entidades representantes de intereses colectivos.

Tampoco podrá presidir una caja ni formar parte de sus órganos de gobierno un empresario con intereses en la entidad lo que deja fuera de la futura presidencia de la fusionada Caja España-Caja Duero caja a Santos Llamas, que tiene una deuda con Caja España de 80 millones de euros. Sí podrá serlo durante los próximos dos años porque el decreto autoriza en el tiempo de transición de 24 meses aprobado en la fusión.


El texto da de plazo tres meses a las entidades para modificar sus estatutos. Un mes más en el que el Gobierno Regional comprobaría esa adecuación y después dos meses más para renovar sus órganos de gobierno. En total seis meses.

Quien se siente en las cajas tendrá que acreditar al menos cinco años de funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras.


Leticia Sánchez / rtvcyl

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