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Por una reestructuración ordenada del sector financiero

Decíamos ayer…”Uno de los ciclos más largos y prósperos de la economía española tocó a su fin y lo hizo en el marco de la mayor crisis financiera de la historia


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El efecto que ha tenido la caída del paradigma norteamericano de banca de inversión, que cubría los agujeros prudenciales de medición del riesgo, la no regulación y la no supervisión con productos estructurados que “cubrían/diseminaban” hipotecas subprime ha generando un “tsunami” que amenaza con arrasar el sistema financiero mundial y nos sitúa a las puertas de una reestructuración profunda y global.”


Términos como avaricia, especulación, economía de casino, son moneda de cambio en las explicaciones y análisis. Pero hay algo que resulta más inquietante, sobre todo si pensamos en cómo debe recuperarse la economía global, que por esquemático puede resultar simplista.

Desde mediados de los años 70 las economías occidentales han crecido descentralizando su producción, privatizando sus sistemas públicos tanto industriales como de servicios al ciudadano y, en definitiva, los estados y sus ciudadanos hemos financiado nuestro crecimiento económico en gran medida a crédito, sobre todo en la última década. Occidente somos, fundamentalmente, un gran mercado de consumo de bienes producidos por países emergentes que se han convertido en la fábrica del mundo.

La demanda sostenida y creciente de materias primas por parte de esa “fábrica del mundo”, provoca durante la última larga década un incesante incremento de precios que, unido a las relaciones cambiarias como la del yuan/dolar, desde 2007 y durante la mitad del año 2008, se torna en tasas de inflación insostenibles. Tensión inflacionaria que se intenta controlar con alzas de tipos de interés.

Esta subida de tipos en las sobre-endeudadas economías occidentales, principalmente en las que existía una burbuja inmobiliaria, provocó un  nivel de impagados en el mercado hipotecario que puso al descubierto tanto el excesivo apalancamiento del sistema financiero (norteamericano principalmente) como la defectuosa política de medición del riesgo, y su consiguiente contaminación global, de lo que conocemos por efecto de las hipotecas ninja/subprime distribuidas en vehículos estructurados de inversión.

¿Abaratar el coste de nuestra deuda con bajadas de tipos va a ser suficiente para restablecer las bases un crecimiento sostenido y sostenible? ¿Va a ser eso posible sólo adoptando medidas de control, supervisión y nuevas reglas para el sistema financiero? ¿Qué papel han de jugar los países emergentes si su desarrollo no se traduce en creación de demanda interna y desarrollo de sus sociedades civiles, que es tanto como decir mayor control democrático y mejor desarrollo de derechos sociales y laborales? ¿Vencerán los países más desarrollados las tentaciones proteccionistas que ya están restringiendo el crédito a los países emergentes como consecuencia del apoyo a sus respectivos sistemas financieros e industriales? ¿Cuánto tardará en “griparse” el motor de la recuperación en una situación de previsibles tipos de interés más altos y precios del petróleo más elevados si el paradigma de producción sigue basando en los hidrocarburos? Son algunos de los interrogantes que no por trascender de las políticas a corto plazo no deben de dejar de seguir preocupándonos y ocupándonos, y aunque se escapen al nudo principal de este artículo.

La consecuencia del colapso financiero

Los vientos de los mercados financieros internacionales han puesto al desnudo la fragilidad de los pilares sobre los que se apoyaba el crecimiento económico de nuestro país, basado en exceso en la construcción y el consumo. Una debilidad estructural que alimentada por tipos excepcionalmente bajos y una nula propensión al ahorro en los últimos años, se ha agudizado dramáticamente.

La “avaricia y la especulación” no han sido las únicas razones de este crecimiento con pies de barro. En un entorno de tipos bajos, los márgenes de las entidades financieras se estrecharon y forzaron a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, como el aumento del cobro de los servicios, la toma de participaciones financieras relevantes en empresas cotizadas y el crecimiento del Balance a través del incremento del volumen de créditos hipotecarios. El dinero abundante y barato, y la demanda creciente del mismo para la construcción y compra de viviendas produjo un efecto narcotizante que derivó en desmesura, avaricia y el consiguiente incremento especulativo de los precios que hace que los activos “no valgan lo que cuestan”. Ese modelo habría quebrado aún sin crisis financiera internacional.

La expansión del mercado hipotecario sustentada además, no lo olvidemos, en una demanda potentísima de los particulares, también como fórmula de ahorro-inversión, contribuyó a que, por ejemplo, el saldo de bonos hipotecarios se haya duplicado en los años 2004-07 sobre el acumulado en los 10 años anteriores. Y ante ese incremento el Banco de España, cuya actuación como supervisor prudencial está siendo objeto de elogio y modelo, tampoco hizo mucho por evitarlo. Y todo ello representaba 1/3 del total del déficit de la Balanza de pagos española durante 2007 y 2008.

Y, súbitamente, cuando nos preparábamos para un “aterrizaje suave” nos encontramos en una  “caída en barrena” cuya profundidad y duración, al día de hoy, aún desconocemos.

Un buen punto de partida necesario pero no suficiente ante la inacción y negación de la situación

Para empezar, las fortalezas del sistema financiero español eran importantes. La buena política de dotaciones anticíclicas del Banco de España ha significado que el sistema financiero español soportara inicialmente el seísmo financiero con unas dotaciones medias a finales de 2007 superiores al 250%, frente al 60% de la banca europea. Nuestro crédito hipotecario, con sistemas de garantías reales y personales y con una financiación media inferior al 80% del valor de los activos, gozaba de una excelente valoración del riesgo.

Sin embargo, el sistema financiero español ha financiado el boom inmobiliario con ahorro externo – en torno a 800.000 millones de euros, de los cuales vencen 200.000 en los próximos tres años -. El cierre de mercados tras el desencadenamiento de la crisis subprime puso al sistema financiero mundial al borde del colapso y al español con una deuda externa con vencimientos refinanciables, en situación de notable mayor dificultad.

El Banco Central Europeo, ante los mercados interbancarios cerrados, ha venido garantizando la liquidez primero a corto y posteriormente a medio plazo, pero ello no fue suficiente en primer término para que fluyera el crédito hacia la economía real.

El volumen del saldo de cédulas hipotecarias es de tal magnitud que las entidades financieras españolas han estado mucho más pendientes de garantizar su devolución a vencimiento que de cualquier otra operativa, aunque también sea cierto que ha caído la demanda de crédito de los clientes solventes y la solvencia general se ha deteriorado, haciendo tanto que se incrementen los precios por prima de riesgo como que se restrinja a quienes no se consideren solventes (al fin y al cabo bancos y cajas han de velar por la garantía de los depósitos que administran).

El Gobierno español fió demasiado a esa posición solvente de partida del sistema financiero antes de adoptar medidas que garantizaran tanto los depósitos como la liquidez. La razón: no se podía confirmar la existencia de crisis, ni que ésta afectara al sistema financiero “más fuerte del mundo”; estábamos en campaña electoral.

Sólo después de la crisis de Lehman Brothers y cuando el sistema financiero global estaba al borde del colapso se anunciaron tanto las medidas para garantizar los depósitos (CC.OO. lo exigió días antes de que se anunciara por la UE) como la adopción de medidas que garantizaran la liquidez mediante la creación de un fondo de compra de activos AAA y la emisión de bonos con aval del Estado para las entidades financieras. Ambas medidas de apoyo habría sido necesario haberlas adoptado con mayor anticipación. Máxime cuando son decisiones que al Estado le están reportado pingües beneficios.

Los meses que fueron de principios de 2008 a octubre de ese mismo año han sido decisivos para que la actividad económica se ralentizara y se entrara en una dinámica de acelerado proceso de caída.

La caída de la actividad económica, acelerada por la restricción crediticia, ha coadyuvado a una profunda y rápida recesión que, con el aumento del paro, amenaza en forma de morosidad a la estabilidad de una parte importante del sistema financiero.

Así, en pocos meses hemos pasado de un riesgo de liquidez a uno de solvencia en el sistema financiero. Y mientras esto no se aborde será imposible que funcione “el multiplicador del dinero bancario”, esto es, que se reactive el crédito

Por eso, una cosa sí está clara: el sistema financiero español, como el internacional, deberá adaptarse a una nueva realidad, a un entorno con un menor volumen de negocio, menores beneficios y unos mercados de capital restrictivos, cuando no cerrados.

Los primeros compases del nuevo sistema ya han comenzado a sonar con movimientos de concentración, despiece e intervenciones en el sistema financiero estadounidense y europeo. Con seguridad, continuarán. En España la intervención de CCM es el preludio de lo que vendrá, aunque es preciso evitar que la reestructuración tenga que hacerse solamente mediante intervenciones del supervisor.

Convendría pues ponernos a definir un nuevo escenario en el que el sector financiero contribuya a construir unas más sólidas bases para la ulterior fase de crecimiento.

Una reestructuración ordenada del sistema financiero

La manera tradicional de recapitalizar el sistema financiero en España ha sido a través de los Fondos de Garantía de Depósitos. Éstos han sido muy solventes, están externalizados y, salvo en muy contadas ocasiones en los 70-80, han intervenido de manera eficaz y con garantías para los depositantes. Históricamente, las intervenciones a través de los FGDs han garantizado un proceso de reestructuración ordenado y eficiente, pues se ha basado en los siguientes principios:

1)Determinación de la cadena de responsabilidad de gestión y administración.
2)Minimización del coste de la intervención para el erario público, pues se parte de fondos de las propias entidades, el Estado puede ampliar los apoyos con créditos e, incluso, las aportaciones en principio a fondo perdido son parcialmente recuperables en el proceso de asignación a otras entidades de los activos de la entidad intervenida.
3)Garantía del buen fin de la intervención, pues los nuevos administradores y gestores ponen en orden las políticas de reparto de beneficios, bonus… para mejorar los recursos propios de la entidad.
4)Todo ello produce la menor distorsión de la competencia posible.
5)Y el saneamiento, finalmente, introduce estabilidad en el conjunto del sistema financiero.

Además, se ha producido generalmente con un pacto tácito con las autoridades y expreso con los nuevos gestores del mayor respeto posible al empleo de las entidades mediante acuerdos laborales.

Sin embargo, ahora deberíamos innovar. En el pasado la actuación del FGD, por traumática que fuera en principio la decisión, creaba un marco de garantía y confianza. En la actualidad, genera todo una serie de turbulencias, reacciones y sobreactuaciones que pueden poner en riesgo su efectividad. Por ello, CC.OO. proponemos que se pueda actuar antes de que la situación sea “desesperada”, sin que esto suponga que quienes lo hayan hecho mal eludan su responsabilidad.

La creación de un fondo de reestructuración debe servir para eso, reestructurar ordenadamente el sector financiero, con anticipación pero exigiendo la cadena de responsabilidad. Saneamiento y, por lo tanto, estabilización del sector. Con el menor coste posible para el contribuyente a corto y con la garantía de devolución a medio plazo.

Los supervisores españoles deben garantizar también la autonomía de gestión para que las entidades definan su redimensionamiento y procesos de consolidación con criterios económico-financieros. Y, especialmente en el caso de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito, que sus órganos rectores decidan aquellos proyectos de colaboración, integración y/o fusión, sin descartar las fusiones interterritoriales, que mejor garanticen la solvencia y la rentabilidad.

Mi prioridad y la de la organización que dirijo será garantizar que estos procesos de reordenación o redimensionamiento que, sin duda, se producirán también en nuestro país, se desarrollen preservando la mayor estabilidad laboral de los proyectos resultantes. En las cajas de ahorros, entidades privadas con función social, preservando su actual naturaleza jurídica. Y todo ello para garantizar en última instancia que el sector financiero en su conjunto, bancos, cajas y cooperativas de crédito, cumpla una de sus principales responsabilidades sociales: dotar de crédito a la economía.

Estas medidas deben ser adoptadas en la coyuntura actual, a corto plazo, en el marco del diálogo social, con el mayor consenso parlamentario posible y con la participación y acuerdo, también, de las administraciones autonómicas, en el marco del Acuerdo de Estado por el Empleo y la Economía propuesto por la CS de CC.OO.

José Mª Martínez López
Secretario General de COMFIA-CCOO

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