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Resolución del III Congreso de Comfia ante la crisis

Los antecedentes: la crisis financiera, la cadena de responsabilidad,  la crisis real y su efecto en el empleo,  la acción sindical necesaria,  las perspectivas de futuro sectoriales y las propuestas sindicales de COMFIA CCOO.


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Ante la crisis económica, y ante los efectos que dicha crisis ha trasladado a la economía de los trabajadores y trabajadoras, el III Congreso de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO quiere hacer pública la siguiente resolución.

ANTECEDENTES: LA CRISIS FINANCIERA

La globalización de la crisis financiera mundial ha transferido al Sistema Financiero Español una serie de incertidumbres, que han acelerado la aparición de una crisis con identidad propia y con especificidades distintas a otros sistemas: . El sistema financiero español ha tenido que recurrir a financiación externa por valor de 785.000 millones de euros para mantener el intenso ritmo crediticio de los últimos años. El conjunto del sistema tiene concedido en forma de créditos una cuantía que equivale a 1,5 veces el volumen de depósitos y alcanza ya el 100% del PIB.

. 285.000 millones de euros de dicha deuda tienen un vencimiento a medio y corto plazo, y la capacidad del sistema para renovarla es muy limitada. El crédito concedido a particulares y empresas tiene una amortización mucho más lenta y la captación de pasivo no crece al ritmo suficiente.

. Las medidas de compra de activos de alta calidad por parte del Estado sirven para atender los vencimientos a corto plazo pero no para que revierta, de manera significativa, a la concesión del crédito interno.

LA CADENA DE RESPONSABILIDAD

El incremento artificial del valor inmobiliario ha provocado que la mayor parte de la inversión realizada en los últimos 14 años se haya dirigido hacia el sector de la construcción e industrias afines, desatendiendo otros sectores productivos, por la ausencia de proyectos, el silencio del Banco de España ante el crecimiento exponencial de la deuda hipotecaria y la irresponsabilidad de las diferentes administraciones, local y autonómica, incapaces de sustraerse a los cantos de sirena de los ingresos fáciles de la promoción inmobiliaria. La ausencia de inversión a medio plazo en medidas de innovación y desarrollo nos condenan a encarar esta crisis sin alternativas claras de producción y lo que es peor, sin el tiempo necesario para implantarlas.

La demora en reconocer la crisis por parte del Gobierno, justificada para algunos por los compromisos electorales, ha escondido durante un tiempo precioso la dimensión real del problema, que sólo se ha hecho patente empujado por el vertiginoso crecimiento del desempleo. Aun y así, con la crisis ya declarada, la estrategia política ha escusado su responsabilidad en terceros, achacando, en algún momento, al sector financiero la caída del consumo como consecuencia de la falta de crédito.

1 El sector financiero por su parte no es ajeno a estas circunstancias. Las cuentas de resultados se han nutrido durante estos años de los rendimientos generados por las operaciones inmobiliarias, ligando a estas sus estrategias de crédito al consumo, en un entorno de intereses a tipos moderados y de crecimiento sostenido del empleo.

Ignorando los ciclos económicos, la sobrevaloración de activos y la dificultad para orientar el ahorro, han permitido una política de reparto de dividendos para los accionistas muy sustanciosa en el corto plazo, pero ineficaz y nada previsora para abordar los problemas de capitalización, que empezarán a aparecer de manera directamente proporcional al aumento de la morosidad.

Las previsiones más benévolas sitúan la morosidad, al final del primer semestre en tasas cercanas al 5% y el nivel de cobertura en el 65% del riesgo contraído. Niveles de morosidad del 7% situarían los beneficios de un año cercanos a 0, mientras que niveles del 9% ya supondrían situaciones de perdidas en las cuentas de resultados del año 2010.

Consecuentemente con esos “excelentes resultados” a corto plazo, las remuneraciones de los consejos de administración de las empresas, y de los altos directivos, han experimentado crecimientos anuales desproporcionados de dos dígitos porcentuales que estaban sometidos, según su criterio, al “valor que el mercado exigía para retener el talento”.

El mercado ha castigado y devaluado el valor de las compañías y el reparto de beneficios deberá ser distinto en los próximos años en función de los requerimientos de solvencia, y algunos gestores han comenzado ya a “congelar” sus retribuciones ante la “alarma social” generada por el volumen de las mismas y por tanto talento. No sólo hemos asistido a una inflación de activos, sino también de “bonus”. Nada vale lo que cuesta, ni los activos, ni los altos ejecutivos.

LA CRISIS REAL: EL EMPLEO

La actividad económica basada fundamentalmente en el consumo, o producción a crédito, ha visto roto su funcionamiento por el estrangulamiento del mercado financiero. La caída del consumo ha provocado un estancamiento de la actividad y esta a su vez un incremento del desempleo, ligado al cierre de PYMEs y a la menor demanda de productos. Esto a su vez, provoca una menor demanda de crédito que vuelve a realimentar el círculo vicioso.

El número de desempleados alcanzaba la cifra de 3.327.000 personas en el mes de enero y se admite que la cifra sigue creciendo a razón de 7.500 personas por día. Nadie esconde ya que se superará los cuatro millones de personas desempleadas antes de final de año.

En el ámbito de nuestra Federación los principales problemas de empleo se sitúan, por el momento, en el sector de Gestión y Mediación Inmobiliaria e 2 Ingenierías asociadas al sector de la construcción, y en los aledaños del sector financiero, las financieras, consumo, y la banca de emigrantes (Dinero Express). (Inspección de obras, seguros decenales, etc.). El bajo nivel de estructuración sindical no nos permite aventurar cifras en estos sectores, pero ya empiezan a aparecer problemas en otros con más implantación sindical El sector de Entidades Financieras es el primero que empieza a confesar sus dificultades y algunas entidades bancarias han empezado a “endurecer” de manera significativa sus políticas disciplinarias y retributivas.

LA ACCIÓN SINDICAL

El análisis autónomo y riguroso de la situación desde la tradicional independencia del sindicato, la anticipación a los problemas como elemento estratégico, y la defensa del empleo como principio rector de la acción sindical han configurado el trabajo de los distintos ámbitos de la Federación, atendiendo a cada momento de la crisis.

La presencia institucional, la generación de opinión en los medios de comunicación y la interlocución sindical en las empresas han sido las herramientas. La combinación de todas ellas ha permitido abordar las distintas situaciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.

En el ámbito institucional cabría destacar aquellas intervenciones que han supuesto un mayor impacto en la opinión pública, y en el ámbito político y económico.

  • La solicitud al Banco de España para elevar la cuantía que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos.
  • La retirada del Real Decreto que rebaja el arancel de Notarías y Registradores.
  • La Declaración de los representantes laborales de CCOO Y candidaturas sociales de impositores de las Cajas de Ahorros.
  • La Resolución de la Comisión Ejecutiva de Comfia sobre el papel del sector financiero ante la crisis de la economía española
  • La presentación de enmiendas junto a Izquierda Unida para regular el sector de Intermediación Financiera.
  • La solicitud a la CNMV de la prohibición temporal de las operaciones a corto.
  • La defensa de la naturaleza jurídica de las Cajas y nuestra oposición a las modificaciones que la Comunidad Autónoma de Madrid, pretende introducir en Caja Madrid 3 En el ámbito de las empresas, el reconocimiento de las dificultades ha permitido abordar la defensa del empleo desde distintos ámbitos.
  • El acuerdo con alguna fuerza política para la frustrada fusión BBKKutxa  Las garantías de empleo, que en forma de protocolos o acuerdos se han negociado en BBVA, Barclays Bank, Banco Pastor, Banco Popular, Santander Consumer o Dinero Express.
  • El acuerdo de colaboración de las Cajas de Castilla y León.
  • La exigencia de negociar un protocolo de fusión en Unicaja – CCM que garantice el empleo y las condiciones laborales.


Todo esto habría sido mucho más difícil, si la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, no se hubiese cerrado con ese criterio de anticipación.

Buscábamos certidumbres para empresas y plantillas, y no es de recibo el conflicto gratuito que las Cajas de Ahorros están provocando en la revisión del convenio colectivo y que ha encontrado en nuestra movilización la oposición que merece. Confiamos en sus frutos y en la sensatez patronal y esperamos que su pronta solución abra vías de arreglo en el convenio de Contac Center, donde hemos interpuesto conflicto colectivo por los mismos motivos que en Ahorro, y en el de ETTs, de los que esperamos respuesta positiva a mediados de abril.

De igual forma estamos participando en las importantes movilizaciones organizadas, de forma descentralizada, por CCOO y UGT en localidades y Comunidades Autónomas, donde estamos defendiendo el empleo y los derechos de los trabajadores frente a los despidos y los EREs fraudulentos.

El FUTURO PRÓXIMO: PERSPECTIVAS SECTORIALES

El análisis de la situación general nos permite anticipar algunas de las claves que van a marcar nuestra actividad sindical en el futuro más próximo, manteniendo como eje la defensa del empleo.

La reordenación del sector financiero ha comenzado por las Cajas de Ahorro. La intervención de CCM, la incertidumbre sobre su destino final, y el acuerdo de colaboración entre las cajas de Castilla y León, inician un proceso de reorganización obligada del mapa empresarial que se prolongará a lo largo de los próximos meses.

Las políticas de ajustes de costes y la fuerte presión a los trabajadores son la respuesta empresarial en un sector amenazado por la morosidad, y en la banca estos ajustes pueden ser el prólogo de una reordenación mas o menos próxima.

4 La defensa de la naturaleza jurídica de las cajas, las garantías de empleo y condiciones laborales, y el criterio de solvencia como elemento imprescindible en las fusiones, serán las claves de nuestra estrategia sectorial tanto en nuestra intervención en los Órganos de Gobierno, como en nuestra posición favorable en cualquier proceso de integración, colaboración o fusiones, tanto las intraterritoriales como las interterritoriales.

En el sector asegurador, la fuerte dependencia de empresas transnacionales hace difícil anticipar posibles movimientos en el sector, en lo que a fusiones se refiere.

Las empresas de Consultoría llegarán más tarde a la crisis, debido a que funcionan por proyectos, que en muchos casos tienen vencimientos posteriores. Ya se empieza a notar no obstante que la renovación de algunos, se hace por menos cuantía, menos tiempo y con menos personas.

El sector de Telemárketing, ya venía sufriendo un proceso continuado de deslocalización que probablemente se verá intensificado, con la caída del consumo.

Y por fin las Empresas de Trabajo Temporal, han visto decrecer el número de contratos de puesta a disposición y es esperable que este tipo de contratación siga decreciendo, pudiendo ser una amenaza, a corto plazo, para los trabajadores de estructura.

PROPUESTAS SINDICALES

La defensa de las personas ante la crisis tiene dos dimensiones: una que tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo y otra que tiene que ver con mantener y mejorar las garantías sociales para aquellas personas que salen del mercado de trabajo.

Los protocolos de empleo, que hemos negociado en los distintos sectores han demostrado su utilidad también en estos tiempos de crisis. En el caso de las fusiones, el empleo y las condiciones laborales son los elementos centrales de la negociación. Y en el tratamiento del excedente, la búsqueda de la recolocación del mismo y la oferta de condiciones de salida que superan las habituales en los expedientes de regulación.

En cualquier caso, fuera del sector financiero, los expedientes de regulación de empleo ofrecen garantías de salida que son demandadas por los propios trabajadores como un elemento que aporta seguridad jurídica y combate el proceso de despidos individuales, en empresas con reconocidos problemas de actividad. (Teletech, Qualytel Teleservices, Certum, Bureau Veritas, CH2 MHill) Garantizar y extender la protección social a las personas que salen del mercado de trabajo es una estrategia Confederal, que compartimos íntegramente. Y el ataque a esta estrategia, que la Patronal ha desarrollado 5 desde el principio de la crisis, ha encontrado eco en algunas instancias de la administración próximas a nuestra actividad, como es el caso del Gobernador del Banco de España, que apuestan por desregular el mercado de trabajo como una condición aconsejable para reactivar el empleo.

No es ajeno a este movimiento la posición de las patronales ante el Acuerdo Interconfederal que orienta la Negociación Colectiva, pero antes de agredir al eslabón más débil del sistema, se pueden hacer otras muchas cosas para reactivar la economía, que no olvidemos es el elemento crucial para atacar el problema del desempleo.

Activar la concesión de crédito será uno de los elementos decisivos para recuperar el pulso económico y atacar el problema del desempleo. Pero la urgencia de la situación exige buscar formulas distintas, que permitan conciliar esta necesidad con la de mantener la morosidad en limites controlados.

Un cambio del modelo productivo, a través de la financiación de sectores estratégicos y actividades emergentes, va a exigir asumir estos riesgos, no sólo desde el ámbito de las Administraciones Públicas, si no también desde el sector privado y en especial desde el sector financiero.

Nuestra Confederación defiende un Pacto de legislatura que suponga el compromiso de toda la sociedad española para que la salida de la crisis, ni la paguemos siempre los mismos, los trabajadores, es decir, el coste se comparta por todos.

Desde Comfia-CCOO vamos a proponer a la Confederación que incorpore a su discusión la necesidad de dotarnos de instrumentos de intervención que anticipe soluciones de viabilidad de las entidades.

Igualmente ante la probable inyección de dinero público a alguna entidad exigiremos contención en el reparto de beneficios, en la retribución de los altos ejecutivos y la necesidad de, que una vez estabilizada la entidad, devolver a la sociedad su esfuerzo a través de la dinamización del crédito.

Desde Comfia-CCOO defenderemos los protocolos de empleo como el mecanismo idóneo para resolver los problemas que puedan generar la reordenación de las entidades.

Por último para promover el desarrollo necesario de las infraestructuras que mejoren nuestra competitividad, para que el retraso en los pagos a los proveedores no supongan un factor añadido a la crisis ya existente, a través de la Deuda Pública se deberían abrir líneas de crédito que permitiesen adelantar el cobro de las certificaciones.

Es necesario que el sector financiero se prepare. Debe buscar formulas que den salida de mercado a la vivienda construida. Buscando acuerdos con las Administraciones para generar parques de viviendas públicas de alquiler con 6 o sin opción a compra. Se pueden buscar innovaciones que afecten a los plazos de amortización de los préstamos ya concedidos y medidas de moratoria hipotecaria sin incrementar la carga a los particulares y a las empresas.

El sector financiero, puede reformular su función social, poniendo al servicio de las PYMES sus plataformas tecnológicas, facilitando la comercialización de las empresas y extendiendo las posibilidades de mercado.

En definitiva es exigible, y es socialmente responsable, que las empresas vertebren su función social, admitiendo que la rentabilidad de las inversiones está situada a medio plazo y que esto ha de trasladarse a sus cuentas de resultados.

Es probable que el dinero público tenga que acudir en ayuda de algunas entidades del sector financiero. Si se diera esta circunstancia, seria necesario establecer controles sobre la función social de las empresas, sobre sus políticas de reparto del beneficio y sobre los sistemas de retribución de sus directivos, y con el menor coste posible para el erario público.

Defendemos el establecimiento de una hoja de ruta adecuada a las necesidades de recapitalización de cada una de las entidades, que siendo solventes vivan situaciones de dificultad, exigiendo siempre la responsabilidad de aquellos gestores que por su negligencia hayan llevado a la entidad a su actual situación.

Frente al llamado modelo sueco, en España la compra de “activos malos” ha venido realizándose desde el Fondo de Garantía de Depósitos. A esta medida tradicional, de forma complementaria podríamos añadir otras como empréstitos a medio plazo, avales o incluso la inyección directa de capital.

Será necesario establecer un gobierno corporativo basado en criterios de inversión socialmente responsables, en los que participen la administración, los accionistas, los trabajadores y los clientes y que ejerzan su función de control de manera parecida a las comisiones de control que ya existen en el sector de las Cajas de Ahorros.

La gestión profesional de las entidades es exigible con independencia del debate sobre si la titularidad de las entidades debe ser pública o privada, en función del mayor o menor apoyo recibido de la administración. Hay un debate importante que está en el terreno de la responsabilidad social de las empresas y habrá que librarlo con la vista puesta en conseguir una banca ética, al servicio de la sociedad, del desarrollo sostenible, de los intereses colectivos de todos los grupos de interés.

Defendemos también, en sintonía con la propuesta de “Pacto de Estado por la Economía y el Empleo” de nuestra Confederación, una reforma del sistema financiero que dé una mayor peso a la banca pública, dotando de mayores recursos y capacidad al ICO.

7 En consecuencia, hay que combatir aquellas iniciativas que, aprovechando la coyuntura, pretenden alterar estos criterios de gobierno corporativo en beneficio de alguna de las partes. Y la primera amenaza la tenemos en la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, que pretende modificar los órganos de gobierno a favor de la participación política en los mismos.

En resumen. Gestión profesional, gobierno corporativo, intervención pública y control social para atender los cambios necesarios en las empresas con dificultades.

III Congreso Comfia CCOO. Documentos

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