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El Pais - 27-02-09

La paja en el ojo ajeno





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JAVIER PÉREZ ROYO - 27/02/2009

Hace algo más de un mes que el Parlamento de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre, aprobó mediante la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad, una reforma de la Ley de Cajas de Ahorro, con la finalidad expresamente declarada de impedir que siguiera siendo presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y proceder a sus sustitución por Manuel Pizarro. Desde entonces se suceden las escaramuzas de naturaleza política y jurídica entre los actuales gestores de la Caja y los miembros del Gobierno de la comunidad, de las que van informando puntualmente los medios de comunicación.

¿Se imagina alguien la que se habría montado si el presidente de la Generalitat de Cataluña o el presidente de la Junta de Andalucía hubieran actuado de la misma manera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de sustituir al presidente de La Caixa o de Unicaja? ¿Qué es lo que no se estaría diciendo de José Montilla y de Manuel Chaves y de su afán de controlar políticamente a las entidades financieras?

En Andalucía, con ocasión de la aplicación de la Ley de Cajas de Ahorros de 2001, ya tuvimos ocasión de ver como se las gasta el PP, que no dudó en alterar nada menos que la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía definida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y utilizó su posición como Gobierno de la Nación para tomar la decisión insólita de sustraer a Cajasur de la competencia de la comunidad autónoma, para trasladarla al Estado, pasando a ser el Ministerio de Hacienda, ocupado por Rodrigo Rato, el que tuvo la atribución de supervisar la acción de la caja andaluza en lugar de la Consejería de Economía y Hacienda, ocupada por Magdalena Álvarez. Para ello se sirvió de manera torticera de los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979.

El PP no ha tenido el menor reparo en intervenir políticamente en la gestión de las Cajas de Ahorro, llegando a límites en las comunidades en las que gobierna que no admite comparación con lo que ocurre en las demás.

Tal vez por eso y porque, como dice el conocido refrán, piensa que todos son de su condición, se haya reaccionado con tanta virulencia ante el inicio del proceso de fusión de Unicaja y de la Caja de Castilla la Mancha, llegándose incluso a abrir un expediente a dos de los miembros del consejo de administración de la Caja castellano manchega por no presentar su dimisión con la finalidad de torpedear la posible fusión.

No creo que exista o al menos no se ha evidenciado la existencia de la más mínima prueba de que estemos ante una operación de naturaleza política orquestada por los presidentes de la Junta de Andalucía y de Castilla la Mancha, sino ante una operación económico-financiera, en la que la iniciativa y el control del proceso va estar dominado por los propios consejos de administración y en la que la interferencia política está siendo mínima.

No son los Gobiernos andaluz y castellano-manchego los protagonistas de la decisión, sino que, de haber alguno, sería el Banco de España. Ojalá el respeto que se está produciendo en este caso por parte del poder político se extendiera al funcionamiento de las cajas de ahorro en todas las comunidades autónomas y no se repitieran conductas que son completamente injustificables.

En todo caso, sería de esperar que se fijara una posición clara, sin ambigüedades por parte del PP en Andalucía. No del PP en Málaga, sino del PP en Andalucía, pues no nos encontramos ante un problema provincial, sino ante un problema que interesa al conjunto de la comunidad.