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CCOO Asepeyo

El problema de la (des)igualdad en crisis


Según ha declarado el Gobierno, los PGE para 2009 serán austeros, solidarios y de mejora de la productividad. Por otro lado, el Presidente sigue declarando su intención de poner la igualdad de género en primer plano de la agenda política, y para ello ha creado un Ministerio de Igualdad. Pero, ¿será la crisis un obstáculo para desarrollar esas buenas intenciones? Todo lo contrario, y no solamente porque las mujeres son mayoría en todas las categorías que reclaman nuestra solidaridad.



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En cuanto a la productividad, tenemos un enorme potencial de mujeres sobre-cualificadas y actualmente subempleadas, desempleadas o fuera del mercado de trabajo. Las mujeres españolas tienen mayor nivel de educación que los hombres, pero su dificultad para insertarse en el empleo de calidad es mucho mayor. No podemos seguir permitiéndonos este evidente despilfarro.

Para aprovechar el potencial productivo de las mujeres es crucial aprovechar el potencial cuidador de los hombres. En España hay un amplísimo margen para ello, ya que su participación en el trabajo doméstico es una de las más bajas de Europa. Este contexto de austeridad es el mejor momento de tomar medidas efectivas para la participación de los hombres en el hogar al 50%.

La implicación de los hombres y los servicios públicos no solamente son imprescindibles para permitir a las mujeres la autonomía que necesitan y a los niños la atención que merecen, sino para atacar de raíz los problemas demográficos. En efecto, darles a todas las jóvenes que lo deseen la oportunidad de tener hijos en igualdad sin renunciar a su profesión, apoyando especialmente a las madres solas, es la fórmula contrastada por los países nórdicos para mantener una tasa de fecundidad alta y estable, así como para disminuir la pobreza infantil. Y el problema de la pobreza infantil (en España del 25%) no es solamente un asunto de justicia social, sino también vital para un desarrollo sostenible, pues niños pobres serán jóvenes con menor formación y mayores problemas de inserción social.

Es cierto que la eliminación de la división sexual del trabajo exige aumentar algunas partidas presupuestarias, pero se trata de inversiones muy rentables a medio y largo plazo. La inversión en educación infantil, por ejemplo, se paga a sí misma solamente con el aumento de cotizaciones y de impuestos pagados por las mujeres. El coste de la equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad sería mínimo en comparación con su beneficio: según la Seguridad Social, cada semana de permiso de paternidad está suponiendo un coste anual de solamente 98 millones de euros. Una ley que establezca un calendario para llegar a la igualdad de los permisos sería perfectamente abordable y, más allá de los beneficios a corto plazo, atacaría los propios cimientos de la diferenciación de roles que tan funestas consecuencias acarrea.

Además, la igualdad no tiene por qué suponer un gran aumento neto del gasto público sino sobre todo su reorientación. Un contexto de austeridad es buen momento para eliminar gastos como los más de 2.000 millones de euros que supone cada año la tributación conjunta en el IRPF . Este gasto en desgravaciones para rentas medias y altas, que no tiene ninguna utilidad social y promueve la desigualdad, podría reinvertirse en necesidades urgentes.

La ineficiencia de la desigualdad está ya ampliamente reconocida por las autoridades españolas y por los organismos internacionales. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones económicas, se sigue actuando conforme a la vieja creencia de que las medidas por la igualdad son una fuente de gasto público que entra en contradicción con otras necesidades.

La desigualdad no es un problema accesorio y aplazable. Al contrario, está en el centro de una organización social ineficiente e injusta que compromete nuestro desarrollo futuro. Bienvenido sea un Ministerio de Igualdad si no nos lleva al espejismo de pensar que la igualdad se ‘administra’ en pequeñas dosis, con ‘presupuestos de igualdad’ y medidas ‘compensatorias’. No caigamos en la trampa de creer que la crisis es un handicap. Lejos de relegar el tema, el Gobierno debe emprender con más urgencia un programa de reformas estructurales. La desigualdad, no lo olvidemos, es contraria a la austeridad, a la solidaridad y a la productividad; y tiene efectos devastadores tanto sobre las personas como sobre la economía.

María Pazos es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales


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